Los fiscales de Manhattan han anunciado que rechazarán el intento del presidente electo Donald Trump de anular su condena por 34 cargos relacionados con pagos secretos durante su campaña presidencial de 2016. Sin embargo, en una medida inusual, señalaron al juez que no se oponen a una suspensión temporal del caso, en consideración a la transición presidencial en curso.
El caso gira en torno al presunto pago de dinero a Stormy Daniels, actriz de cine para adultos, para silenciar acusaciones de un encuentro sexual con Trump en 2006. La condena original, emitida en mayo, se basó en cargos de falsificación de registros comerciales, un delito que podría conllevar hasta cuatro años de prisión.
“El pueblo está de acuerdo en que se trata de circunstancias sin precedentes”, declaró el fiscal Matthew Colangelo, destacando la complejidad del caso ante la reciente victoria electoral de Trump.
Por su parte, los abogados de Trump han argumentado que una reciente decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial debería invalidar la condena. Según la defensa, los fiscales utilizaron actos oficiales protegidos por dicha inmunidad como parte de su caso. También señalaron que la Ley de Transición Presidencial de 1963 exige minimizar interrupciones durante el cambio de gobierno, justificando así la necesidad de desestimar el caso.
Emil Bove, abogado defensor, afirmó: “El despido es necesario para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump para gobernar.”
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Sin embargo, los fiscales subrayan que los delitos ocurrieron antes de que Trump asumiera la presidencia en 2017, y por tanto no están cubiertos por la inmunidad presidencial.
El juez Juan Merchán, encargado del caso, ha retrasado la sentencia, inicialmente programada para el 26 de noviembre, mientras evalúa cómo podría afectar la inmunidad presidencial a las decisiones legales.
Este proceso, marcado por tensiones políticas y legales, refleja la controversia en torno a los pagos secretos realizados para proteger la imagen de Trump durante su campaña de 2016. Mientras los detractores del expresidente califican el caso como un ejemplo de su conducta cuestionable, sus seguidores insisten en que se trata de una persecución política.
La resolución final del caso podría tener un impacto significativo en la trayectoria política y legal de Trump, así como en el delicado equilibrio entre justicia y gobernabilidad durante su transición presidencial.