Juzgar el presupuesto no es una cuestión lineal. Depende de los principios y objetivos del gobierno en turno. Y decimos del gobierno en turno porque no hay manera de que la oposición incida ni en la recaudación ni en el gasto pues no son necesarios para la aprobación del Paquete Económico, que se vota por mayoría simple. Morena tiene una mayoría imbatible que le permite aprobar el paquete presupuestario sin que se le mueva una coma o, si salta un “error” como fue el caso de la UNAM y el Politécnico, corregirlo de acuerdo con las instrucciones presidenciales. Desde 2018, simplemente no hay margen para que el poder ejecutivo culpe a nadie de cuánto se recauda, cuánto se gasta y con qué resultados.

Los supuestos del presupuesto son a la luz de la mayoría de los análisis, demasiado optimistas. Entre otros, se proyecta un crecimiento de 2.3% cuando la mayoría de los organismos internacionales y el propio Banco de México lo sitúan en 1%. Lo mismo pasa con el tipo de cambio que se establece en 18.7 contra 20.1 pesos.

Los requerimientos financieros del sector público que miden las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas bajarían de 5.9% a 2.9% del PIB, la recaudación tributaria aumentaría en 3% y los ingresos petroleros en 7.3%.

No está claro cómo se lograrán estos dos objetivos sin aumentar ni crear nuevos impuestos, pero esto es lo que plantea el presupuesto 2025. Quizá con el incremento de la deuda pública cuyo costo creció en 10.5% de 2023 a 2024 y que volverá a incrementarse en 7.3% en 2025.

Está claro que la austeridad republicana no alcanza -como no alcanzó en el sexenio anterior- para cubrir las necesidades de los gastos ya comprometidos.

En el gobierno previo la llamada austeridad republicana sirvió para apretar solo a las instituciones incómodas para el gobierno y no para ahorrar, pues el presupuesto total creció 26% en términos reales. En esta administración, el ritmo de gasto no podrá seguir creciendo, pero los recortes siguen dándose en donde el gobierno tiene menos prioridades.

 El primer presupuesto de la nueva administración no parece marcar una ruta distinta a la del sexenio anterior salvo por la disminución en el gasto de las Fuerzas Armadas que puede ser compensado a través de la asignación directa de obra pública.

Se repite la preferencia por los programas sociales que transfieren dinero en efectivo y se repite el castigo a los sectores de salud y educación. Los recortes en salud serán de 12% y los de educación, ciencia y cultura de 1.25%. La idea de que es más rentable invertir en salud y educación para crecer, elevar la productividad y mejorar las oportunidades no parece caber en un gobierno que se autodenomina de izquierda.

Ciertamente el nuevo gobierno sigue con la idea de que es mejor ser popular que eficaz, que es mejor repartir dinero que crear las condiciones para salir de la pobreza y que preocuparse del mediano plazo es menos rentable políticamente que pensar en el corto plazo.

Más sorprende que no se atienda -al menos presupuestalmente- el problema que más preocupa a los mexicanos: la seguridad. No se explica en el presupuesto, cuál es la justificación para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sufra una baja de 36%. Tampoco que cuando se acaba de transferir formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa se le reste 44% a su presupuesto. Si es cierto que el PEF refleja las prioridades de un gobierno, la seguridad no parece estar entre ellas.

Para concluir, se mantiene la idea de que es una buena idea seguir priorizando la inversión pública en los trenes de pasajeros incluidas las obras que quedaron inconclusas en el sexenio anterior. Tan sólo al Tren Maya, al Tren México-Querétaro, al Interoceánico y al AIFA, se les asignarán 120 mil millones de pesos. El 63.5% de los 189 mil millones que se van a destinar a los Programas Prioritarios de Inversión.

En un país que requiere aprovechar las ventajas del famoso near shoring no hay indicios de querer invertir en obras de infraestructura que la fomenten.

Sin seguridad, sin buena infraestructura y sin seguridad jurídica, México volverá a desperdiciar una nueva oportunidad.

Es curioso, pero ni la rentabilidad económica ni la rentabilidad social parecen importarle a este gobierno como tampoco le importaron al anterior que logró un crecimiento de apenas el 1.1% cuando llegó a prometer hasta el 6%.

Mismo tipo de presupuesto nos hacen esperar el mismo tipo de resultados: muy pobres.