Tal como estaba previsto, el Instituto Nacional electoral (INE) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los amparos emitidos por juzgados de distrito que le ordenan de forma provisional frenar los comicios de jueces, magistrados y ministros.
La queja del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó registrada con el expediente SUP-AG-209/2024 y el documento fue asignado a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia y presentarlo a sus pares.
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«Acuerdos mediante los cuales las diversos Juzgados de Distrito admitieron demandas de juicio de amparo y concedieron suspensiones provisionales con efectos hacia las actividades que corresponden al (INE), derivadas de la implementación del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025″, señala el resumen del caso en la página del TEPJF.
Y es que el INE acudió a la Sala Superior del TEPJF para demandar los actos de titulares de diversos juzgados de distrito que emitieron suspensiones provisionales para ordenar a los consejeros que no lleven a cabo la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, mandatada por la reforma judicial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de septiembre pasado.
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A finales de agosto y en la primera semana del noveno mes de este año, diversos juzgados comenzaron a emitir suspensiones provisionales para frenar, primeramente, el proceso de discusión y votación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, sin embargo, los legisladores indicaron que no hacían nada malo y por ello procedieron con su quehacer de aprobar la propuesta.
Luego entonces, jueces y organizaciones promotores de los amparos apuntaron al INE, emitiendo suspensiones para que este organismo se abstenga de dar inicio al proceso electoral extraordinario, en el que se elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros.
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Pero el pasado 27 de septiembre, el INE publicó cinco acuerdos en el DOF relativos al proceso electoral de esta índole, señalando que el 1 de junio de 2025 se efectuarán los comicios.
Tras ello, el viernes pasado, el juzgado segundo de distrito en Colima, advirtió que, si el Consejo General del INE continúa con el proceso, los 11 consejeros serán acreedores de una multa de 54 mil 285 pesos, así como una pena de prisión de tres a nueve años y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para no desempeñar otro cargo público.