Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública con Calderón, fue sentenciado a poco más de 38 años en prisión en corte en Nueva York por narcotráfico.
García Luna fue encontrado culpable en febrero de 2023 de vínculos con un grupo criminal dedicado al narcotráfico, tomar parte en varias conspiraciones y hacer declaraciones falsas. En total fue encontrado culpable de cinco cargos.
Linda Cristina Pereyra y Luna García, esposa e hija del abogado, llegaron al tribunal en Brooklyn, Nueva York, y fueron recibidas con gritos de «justicia» por parte de manifestantes.
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Las personas que se congregaron afuera del tribunal portaban pancartas contra el expresidente Felipe Calderón.
En una presentación judicial del 19 de septiembre, afirmaron que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín «El Chapo» Guzmán, y, a cambio, protegió a sus miembros de las detenciones y favoreció sus envíos de cocaína.
La Fiscalía afirma que García Luna se aseguraba de que los narcotraficantes fueran notificados con anticipación de las redadas y saboteaba las operaciones policiales legítimas dirigidas a aprehender a los líderes de los cárteles.
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Los narcotraficantes pudieron enviar más de un millón de kilogramos de cocaína de México a Estados Unidos utilizando aviones, trenes, camiones y submarinos, en el tiempo que García Luna ocupó su puesto, señalaron los fiscales.
Durante el juicio del antiguo capo del cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, realizado en 2018 en el mismo tribunal, un antiguo miembro del cártel testificó que él personalmente había entregado al menos 6 millones de dólares en sobornos a García Luna, y que los miembros del cártel acordaron formar un fondo de hasta 50 millones de dólares para pagar por su protección.
Los fiscales también afirman que García Luna conspiró para anular el veredicto del juicio del año pasado buscando sobornar o convencer de manera corrupta a varios reos del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn para que apoyaran afirmaciones falsas de que dos testigos del Gobierno se comunicaron entre sí antes del juicio mediante teléfonos celulares contrabandeados.