Al terminar este artículo, que sigue vigente para la reforma judicial publicada el 15 de septiembre pasado, me entero que Morena ha enviado una iniciativa que terminará en el futuro inmediato con la discusión de si las reformas y adiciones a la Constitución son impugnables. De ser aprobada, no cabrá “juicio o recurso alguno” en su contra ni por “su forma ni por procedimiento y fondo”. Añade la iniciativa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.
Bukele en El Salvador destituyó y reemplazó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El pretexto fue que la Asamblea anterior y la Corte Suprema habían frenado algunas de las leyes de emergencia de Bukele contra el Covid. Entre ellas el confinamiento forzoso para quienes no cumplían la cuarentena. Con el apoyo de dos tercios de sus partidarios en la Asamblea, la destitución quedó confirmada.
Netanyahu en Israel recurrió a presentar ante el Knesset (el parlamento) una iniciativa de reforma que limitaba la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren «irrazonables”. La reforma fue repudiada en las calles y la propia Corte Suprema la anuló.
En México, la reforma judicial fue aprobada gracias a una mayoría aplastante en el Congreso conseguida contraviniendo la Constitución que prohíbe una sobre-representación mayor al 8%.
Las manifestaciones, a diferencia de Israel, no han sido masivas pero las ha habido. Particularmente de los trabajadores mismos del Poder Judicial que verán destruidas sus carreras y años de servicio. Falta que la Suprema Corte decida sobre su procedencia ya sea por violaciones procedimentales o por el fondo. Claro, si es que llega ese escenario.
Además de tres acciones de inconstitucionalidad hay cientos de amparos contra la reforma. El último resultó en una orden judicial para que la reforma desaparezca del Diario Oficial de la Federación.
A diferencia de Netanyahu la nueva presidenta ya dijo que no acataría dicha orden: “no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico” y “una jueza no puede estar por encima del pueblo”.
El punto no es si la resolución de la jueza tiene o no sustento jurídico o si ella está por encima del pueblo. El punto es que no es atribución de la titular del Ejecutivo determinar si hay o no sustento jurídico y el pueblo aquí no tiene nada que ver. El punto es que se incurre en delito tipificado en la Ley de Amparo: el incumplimiento a una suspensión judicial dictada por un juez.
La pregunta se impone. ¿El pueblo también puede estar por encima de la ley? ¿Se propone la ley de la selva?
¿Podría cualquier ciudadano desacatar una orden judicial porque en su opinión no le asiste la razón jurídica al juez o porque somos pueblo y ningún juez puede estar por encima de nosotros? De ninguna manera. Nos caería todo el peso del aparato del Estado, la fuerza pública.
Si no se está de acuerdo con la resolución de la jueza o de su competencia que se recurra a través de las vías institucionales.
Aun con la estrecha concepción de que las urnas hablan por el pueblo, tendríamos que decir que de los 98 millones de votantes la presidenta obtuvo 36 millones. Los otros 62 millones también son pueblo. Y un pueblo más grande.
Pero el pueblo es una entelequia, no existe como unidad, no tiene una sola voz y, si la tuviera, no la podría hacer valer al margen del orden jurídico. La ley sí está por encima del pueblo.
Cada vez se complica más la crisis constitucional en la que estamos inmersos por el capricho de una reforma al poder judicial que, si se es benévolo, no mejorará ni un ápice la impartición de justicia y, si somos realistas, acabará con la carrera judicial y la mucha o poca independencia de los jueces.
Desde luego que en el Poder Judicial hace falta una reforma y desde luego que hay jueces corruptos y que se venden. Pero con la reforma, en el mejor de los casos, lo que cambiará es el sujeto con capacidad de corromper a los jueces que se dejen. Los jueces electos buscarán responder a sus nuevos patronos -los de Morena- por gusto o por temor a que el Tribunal de Disciplina los despida sin la oportunidad de defenderse. La impartición de justicia, entendida como el apego a las normas, pasará a segundo plano.
Suena fuerte pero más vale una crisis constitucional abierta que seguir en el limbo de los desacatos y del atropello contra el Poder Judicial.
Probar que ocurriría si la Corte decide que la reforma es inconstitucional.
Aunque, con la nueva iniciativa ya no habrá limbo. Tampoco límites. Habrá la certeza de que el pueblo chico y el pueblo grande quedarán a expensas de una mayoría que podrá hacer literalmente lo que quiera. Y, no nos engañemos, esta iniciativa no es parte del legado de AMLO. Es nueva. Tan nueva como la nueva presidenta.
