Una de las grandes prendas de orgullo de los gobiernos de la post revolución, ¿lo recuerdan?, era el civilismo de la vida republicana.

Era un tiempo en el cual las máximas de la vida mexicana eran sencillas: los niños en las aulas; los maestros en las escuelas, los curas en la iglesia, los militares en los cuarteles.

La izquierda tradicional miraba con perpetua desconfianza al Ejército no solamente por la sangriente irrupción de los golpistas de Victoriano Huerta y asociados, sino porque la única diferencia entre un civil y un soldado –además de la inconsulta disciplina y el rigor–, es la inerme condición del primero y la presteza del dedo fácil en el gatillo del segundo.

La intervención militar en el Movimiento Estudiantil de 1968 fue suficiente para la desconfianza de utilizar a las Fuerzas Armadas en la solución de asuntos políticos o sociales y siempre se tuvo la precaución de «no sacar a los soldados a las calles, porque luego no habría forma de regresarlos». Y eso ocurrió.

Ahora  se está cumpliendo hasta en el texto constitucional, cuya manoseada letra no va a impedir abusos y distorsiones, como ya hemos visto.

Así no debe ser.

Los militares –se ha dicho hasta la fatiga–, han sido reclutados, entrenados, preparados, educados y puestos al servicio nacional para combatir, para pelear y vencer en batalla, y en una guerra la única forma de hacerlo es mediante la aniquilación del enemigo. Y donde se dice aniquilar, se dice matar.

Pero la tradicional desconfianza del pensamiento izquierdista ahora va en sentido contrario. Quién lo diría.

Fue necesario el primer gobierno autodenominado humanista en México para militarizar definitiva e irreversiblemente la seguridad pública, entre otras muchas cosas (obras públicas, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, canales, rutas, bancos y demás concesiones y contratos.

Hoy, como nunca antes se ha creado un cuerpo constitucional de custodia, vigilancia, imposición del orden, con uniforme verde olivo debajo de los colores grises y de camuflaje.

Los militares decidirán a partir de hoy o cuando el proceso legislativo iniciado desde ya en San Lázaro concluya,  toda la seguridad pública en el país será materia secundaria  de las fuerzas policiacas al mando de la autoridad civil.

Hoy cuando en este país la Cuarta Transformación (toda mutación, hasta las teratogénicas, son transformaciones), vulnera el sistema judicial con el camelo de una democratización para elegir por voto directo mediante a jueces, magistrados y ministros en los juzgados de distinta naturaleza (hasta el Tribunal Constitucional o SCJN), la seguridad pública estará determinada por quien diga el señor (o la señora) comandante (a).

Pero eso no cabe en la mente ni el discurso de los jilgueros y jilguerillas del oficialismo, como las diputadas Dolores Padierna o Clara Luz López, cuya estridencia aturde hasta a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la asamblea, quien hasta en tres ocasiones la conmina al silencio, mientras ella no se calla, no se calla, guacamaya.

Difícil –pero persistente–, empeño oratorio de los y las diputadas en defensa del dictamen: demostrar cómo lo militar no militariza, de la misma forma como el incesto no se considera ni pecado ni delito siempre y cuando se cometa entre personas de la misma familia; ni será considerado ateo a quien niegue la existencia de Dios, siempre y cuando lo haga antes de la misa de doce.

En eso coincide también la señora C.S.P., pronto jefa del Ejecutivo Federal.

La creación de la Guardia Nacional con mando civil –otro capricho del ya muy pronto expresidente L.O., — fue una obra colectiva de tolerancia, debemos recordar.

Todos los partidos políticos en la primera mitad del mandato obradorista votaron (en ambas cámaras), por la creación de la Guardia, con la inocente imposición de un requisito incumplido desde el primer día: dotar al cuerpo castrense de un mando civil. O sea, barrer debajo de la alfombra.

Eso jamás se cumplió. Si, Chucha; les dijeron. Y todos fueron cómplices.

“(FRANCE 24). – Después de intensos días de negociaciones entre los diferentes partidos, el Movimiento de Regeneración Nacional de izquierda de López Obrador (MORENA) no tuvo más remedio que ceder ante la oposición que objetaba que la Guardia Nacional, como estaba concebida por López Obrador, profundizaría la militarización de la seguridad pública en México, en momentos donde los niveles de inseguridad y las violaciones de derechos humanos estaban desbordados.

“Bajo esta lógica el núcleo de la reforma fue modificado pese a las críticas del presidente, que en declaraciones previas a la votación se resistía a aceptar un organismo que no resolviera los problemas de fondo.

«Necesitamos el apoyo del ejército y los marinos para enfrentar el grave problema de la seguridad y la violencia», dijo”.

Pero todo fue una mascarada. La militarización estuvo vigente desde el primer día. Y hoy está constitucionalmente consagrada. Un paso más.

La condición militar de la G.N. se demuestra, para ir por lo más simple; sencilla y claramente por sus mandos superiores. Primero fue Luis Rodríguez Bucio (11 de abril de 2019) y luego David Córdova Campos (16 de enero de 2023).

Este segundo comandante –por no ahondar en los antecedentes ya conocidos–, ha descrito claramente el carácter castrense del cuerpo de la G.N. No sólo por el origen de sus elementos sino por su dependencia de la Sedena (aun antes de la votación de ayer y el traslado de la realidad a la Constitución), de manera orgánica e indisoluble.

 “…Por lo que se refiere a la infraestructura, la Secretaría de la Defensa Nacional (explicó DCC en el 4° Aniversario), asignó 100 instalaciones para ser ocupadas por unidades de nivel compañía de la Guardia Nacional en lugares estratégicos del país.

“Además, con el apoyo de los ingenieros militares, se han construido en su totalidad 295 instalaciones, 124 están en proceso de construcción y 138 se encuentran proyectadas para su edificación, lo que nos permitirá que al finalizar el presente año contemos con 557 edificaciones aunadas a los 100 espacios mencionados anteriormente…”

Así pues, la formalización del militarismo vigente e imperante, expresado ayer en San Lázaro no fue otra cosa sino llevar los hechos a la Constitución o si se quiere, adoptar la Constitución «de jure» a la Constitución «de facto».

Por eso lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados fue, para decirlo de manera simple, una edición parlamentaria de la visión de los vencidos, como reza aquel célebre texto de Miguel León Portilla.

Hace algunos años se pudo detener el proyecto desde el origen y no se hizo. Ahora ya es demasiado tarde.

Bastaba con oponerse –especialmente en el Senado, donde había un bloque suficiente de oposición–, a la creación de la Guardia y empujar el fortalecimiento de la Policía Federal en cuya conformación se gastaron tantos miles de millones de pesos.

Pero sin tomar en cuenta el despilfarro, la 4-T arrasó con la P.F. bajo el pretexto de la corrupción, palabra mágica convertida en todos estos años en omnipresente petate del muerto.

Como la Guardia está constituida por serafines, querubines, potestades, tronos y dominaciones, no se corrompe.

Pero ahora, cuando los escasos opositores –casi todos testimoniales–, se ven atropellados por el blindado de la 4-T; cuyas orugas los planchan en el piso de San Lázaro, chillan a la manera de Boabdil en Granada.

 Cuando pudieron no hicieron nada.

 Rafael Cardona

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