El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua (TEJA) impuso una sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año a Javier Corral Jurado, al considerar que cometió la falta grave de responsabilidad administrativa denominada enriquecimiento ilícito oculto, cuando fue gobernador entre 2016 y 2021.
Inicialmente, Javier Corral fue denunciado por el diputado local priista Omar Bazán Flores en el año 2019, quien lo señaló ante la Secretaría de la Función Pública estatal (SFP) por la compra de un terreno del que no informó en sus declaraciones patrimoniales.
El ahora ex diputado Omar Bazán, en calidad de tercero denunciante, dio a conocer que la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, resolvió este viernes que Javier Corral incurrió en la falta grave, y señaló que espera que el ex gobernador no apele la sentencia y ésta quede firme este año, en la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Bazán difundió copia de la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en la que se ordena la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Después de que Omar Bazán denunció en 2019, la SFP entonces a cargo de Mónica Vargas Ruíz en la administración de Javier Corral, rechazó investigar, por lo que el diputado volvió a presentar la denuncia en el año 2022, y el 5 de julio pasado, la SFP de Chihuahua abrió finalmente un procedimiento por presunto enriquecimiento ilícito oculto.
“Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave”, dio a conocer la dependencia.
El 23 de julio, Corral desistió de acudir personalmente a la SFP para enfrentar el procedimiento de responsabilidad administrativa, y respondió por escrito para desahogar la audiencia inicial del Expediente EPRA 049/2021, “conforme lo permite y dispone el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
La SFP integró el expediente y lo envió al tribunal administrativo, que resolvió la sanción de inhabilitación.
En el año 2019, Javier Corral compró por remate judicial y en un presunto tráfico de influencias, la vivienda y predio aledaños a su casa en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez, nunca reportó la nueva propiedad en sus declaraciones patrimoniales y disfrazó la adquisición como una ampliación de su patio.
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