Biden, quien llegó a la presidencia con un mensaje pro-inmigración y altamente crítico de las políticas del expresidente republicano Donald Trump con respecto al asilo, endureció sus políticas en los últimos años.
Su heredera política, la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris,indicó que comparte su misma visión y prometió revivir un pacto migratorio que inscribiría permanentemente en la ley estas restricciones presentadas como «temporales».
El prospecto de unas ajustadas elecciones en noviembre, junto con el auge del discurso xenófobo en el Partido Republicano, llevaron a los demócratas a cambiar su postura sobre la gestión de la migración, un tema que se coloca como uno de los más importantes para los votantes.
Las restricciones promulgadas en junio fueron demandadas por grupos en defensa de los derechos humanos, entre ellos ACLU, asegurando que son «incompatible» con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso.
La ley permite que cualquier persona que esté en suelo estadounidense pueda solicitar asilo si teme volver a su país, independientemente de si entró por un puerto oficial de entrada o no.
Cientos de miles de personas llegaron en lo que va del año a la frontera sur de EU, la primera economía del mundo y con una demanda laboral sólida, en busca de mejores oportunidades y huyendo de profundas crisis sociales y políticas en países como Venezuela, Nicaragua o Haití.
Todo el continente americano está registrando cifras elevadas de movimientos de personas, con más de 21 millones de personas actualmente desplazadas, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
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