La fiscalía del distrito Este de Nueva York subrayó que el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna merece ser condenado a cadena perpetua y a una multa mínima de 5 millones de dólares, al acercarse la fecha de su sentencia, que el juez Brian Cogan leerá el 9 de octubre próximo.
En febrero pasado García Luna fue declarado culpable de todos los cargos por los que se le acusaba relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el falso testimonio ante las autoridades estadounidenses, lo que le podría costar entre 20 años de cárcel y la prisión a perpetuidad.
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En su escrito en el que razonan su petición de condena, presentado al juez, la entidad judicial insiste en que García Luna, como responsable de distintos cargos de seguridad, «explotó su autoridad y su poder aceptando millones de dólares en sobornos de una organización que había jurado perseguir» (el cartel de Sinaloa) y que «promovió una conspiración para responsable de la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos«.
La fiscalía también recuerda que la cifra de muertes en el tiempo en que García Luna estuvo en el poder como secretario de Seguridad es de unos 62 mil estadounidenses víctimas de sobredosis, y de unos 60 mil mexicanos, y subraya que «el hecho de que el acusado no manejara personalmente las drogas ni apretara el gatillo no es un factor atenuante, sino agravante (porque) se aseguraba que sus manos estaban limpias mientras servía los propósitos del cartel» de Sinaloa.
Además, le reprocha que «no solo no mostró el menor remordimiento por su conducta criminal, sino que cometió delitos adicionales de obstrucción a la Justicia una vez detenido», pues le acusa de haber organizado «una trama clara de sobornos«.
Así, asegura que durante su encarcelamiento en el Centro Metropolitano (MDC) realizó «esfuerzos infructuosos de sobornos a otros internos para que fabricaran pruebas falsas«, unos esfuerzos que al parecer fueron denunciados.
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El escrito no entra a rebatir los argumentos que García Luna presentó en una carta manuscrita en la que denuncia las «condiciones inhumanas» en que se encontraba preso y los intentos del Gobierno estadounidense de inculparle, al imponerle compañeros de celda que presuntamente grabaron dos mil horas de conversación con él para sustentar las pruebas.
La fiscalía concluye que la condena a perpetuidad «enviará una clara señal necesaria de que aceptar la corrupción de los carteles para prestarles asistencia tiene graves consecuencias», servirá además «para proteger a nuestras comunidades» y demostrará que el Gobierno no permitirá que quede impune el hecho de enviar «inmensas cantidades de drogas hasta Estados Unidos». EFE