Después de un intenso debate que se prolongó por casi 18 horas, los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación. La iniciativa, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, fue avalada con 357 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, y se turnó de inmediato al Senado de la República para su revisión.

El dictamen final incluyó tres modificaciones propuestas por los legisladores de la mayoría calificada. El primer cambio, presentado por la diputada del PT, Magdalena Núñez, incorporó el uso de lenguaje inclusivo en la redacción de la reforma, para reconocer explícitamente a juezas, magistradas y ministras en el texto legal.

El segundo ajuste fue propuesto por Jesús Martín Cuanalo, del PVEM, y busca garantizar que los magistrados de circuito y jueces de distrito conserven su derecho a ejercer la profesión de derecho en cualquier parte del país después de concluir su encargo. Cuanalo explicó que este cambio evita que, al finalizar su mandato, estos funcionarios queden limitados en su capacidad de continuar trabajando en el ámbito legal fuera del circuito judicial donde estaban adscritos.

La tercera y última modificación fue introducida por Arturo Ávila, diputado de Morena y vocero parlamentario, quien propuso que se reconozcan los derechos laborales adquiridos por los jueces, magistrados y ministros. En concreto, Ávila sugirió que, al terminar su encargo, estos funcionarios reciban un pago equivalente a tres meses de salario, además de 20 días de salario por cada año de servicio, junto con las demás prestaciones a las que tienen derecho.