La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) de México anunció su intención de convocar un paro indefinido de labores en respuesta al avance de la reforma judicial impulsada por Morena, que busca elegir por voto popular a los jueces.
Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, explicó durante una manifestación a la entrada del edificio del Poder Judicial en la Ciudad de México, que los integrantes de la judicatura formaron una «coalición para la defensa de la independencia judicial», como previsión de la posible aprobación de la reforma por la amplia mayoría con la que contaría el oficialismo en el nuevo Congreso, que tomará posesión el 1 de septiembre.
«En su caso, los trabajadores del Poder Judicial, acordaremos la suspensión temporal de trabajo, en uso de un derecho de rango máximo», señaló Fuentes Velázquez.
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La jueza precisó que «la suspensión de labores, como última medida» será empleada «con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales».
«Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirían decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria», avisó.
Fuentes Velázquez subrayó que la reforma propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que pretende la elección de jueces y ministros por voto popular, «sin duda alguna abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales».
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Asimismo, la jueza advirtió que «aunque esta propuesta puede parecer una medida democrática, es fundamental reflexionar sobre los riesgos que implica para la independencia judicial, la estabilidad constitucional y la protección de los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables».
«Cuando la justicia se convierte en un juego político, los derechos humanos de quienes no tienen voz y poder se ven relegados», alertó.
Por lo tanto, la juzgadora señaló que «el nuevo Gobierno tiene la oportunidad histórica de lograr una reforma trascendental si reconoce el deber de abordar los problemas de acceso a la justicia» para todas las personas, «y al mismo tiempo, para proporcionar el incentivo de seguridad jurídica a los inversionistas».
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Para lograrlo, enumeró varios frentes a atender, como la profesionalización de policías y fiscales, el robustecimiento de las defensorías públicas y la regeneración del sistema carcelario.
Además, dijo que «afrontar este reto con asertividad puede ser la bandera del próximo Gobierno, si se toma en cuenta que las múltiples voces que han mostrado preocupación legítima merecen ser atendidas para emprender un proceso de reforma distinto y sin apresuramientos». EFE