Éstos fueron algunos de los cien cambios que presentó Morena y que quedaron plasmados en el dictamen circulado ayer y que habrá de ser votado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en dos semanas, para que el nuevo pleno, que entrará en funciones el 1 de septiembre, y que estará en su mayoría compuesto por el bloque de la 4T, haga lo propio.

En conferencia de prensa, el coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, sostuvo que se garantizará la certeza jurídica del sistema de justicia y la idoneidad de los perfiles que serán sometidos a elección.

“Se establecen con precisión cuáles son los requisitos técnicos, profesionales, de experiencia, de desempeño y evaluación social y profesional de quienes sean postulados por parte de los comites de evaluacion”, dijo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicó que habrá tres órganos de evaluación, uno de cada Poder de la Unión, que se encargará de revisar los expedientes y antecedentes de cada aspirante, a partir del cual se conformarán grupos.

“Esos, junto con los actuales jueces, ministros y magistrados, que tienen por ministerio de ley de este decreto, la posibilidad de participar sin ningún otro requisito ni evaluación, solamente por desear participar para repetir en el cargo, o para aspirar a un cargo mayor, un juez podrá aspirar a ministro o a magistrado”, aclaró Robledo.

La primera elección será bajo carácter extraordinario y se celebrará en 2025 para elegir a la totalidad de los ministros de la SCJN y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), excepto la Sala Especializada, así como la mitad de los cargos de magistrados y jueces de distrito.

En un segundo momento, que coincidirá con la elección de 2027, se renovarán las magistraturas de la Sala Superior y la mitad restante que no se incluyeron en el proceso electoral anterior.

Asimismo, contempla un “pase automático” para magistrados y jueces en funciones que quieran ser electos en su mismo cargo.

No obstante, el dictamen establece que, por única ocasión, las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF permanecerán en funciones hasta el 2027.

Los cambios a la Suprema Corte empiezan por bajar de 11 a nueve ministros en su composición, quienes ya no durarán 15, sino 12 años en el cargo, y las decisiones que tome ya no serán con ocho votos a favor, sino seis. Además, la presidencia se renovará cada dos años.

Asimismo, se elimina de los requisitos para ser ministro o magistrado el tener al menos 35 años el día de la elección y se agrega el de haber obtenido durante la licenciatura, maestría o especialidad un promedio mínimo de 8 o 9 en las materias relacionadas con el cargo al que se aspira.

Para la elección de éstos, el Senado emitirá una convocatoria el primer día del periodo ordinario de sesiones del año anterior a la elección correspondiente; la Presidencia postulará hasta tres aspirantes; el Poder Legislativo, dos por Senado y una por la Cámara baja, mientras que el Judicial hasta tres perfiles.

El listado será enviado al Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará la elección con un arranque en los primeros días de septiembre del año anterior a los comicios, para luego enviar los resultados al Senado y que el TEPJF sea el que resuelva las impugnaciones.

Para la elección de 2025, se contempla recurrir a la tómbola y el azar, pues luego de que el CJF remita a la Cámara alta el listado con la totalidad de cargos de jueces vacantes, los senadores determinarán la porción de cargos a elegir en cada circuito y los restantes se elegirán por medio de insaculación.

Durante la campaña, que durará 60 días, a la que deberán someterse los aspirantes a ministros o magistrados tendrán prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación de espacios en radio y televisión; ningún partido podrá realizar proselitismo a favor de algun candidato.

En el artículo 94, desaparece al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y lo sustituye por un “órgano de administración judicial” que se encargará de la administración, mientras que lo relativo a la disciplina del personal quedará en manos del Tribunal de Disciplina que se creará.

Al confirmar que recibió el proyecto de dictamen, el dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que es alarmante que Morena y aliados pretendan, en dos años, eliminar a todos los magistrados, jueces, para reemplazarlos por personas sorteadas.

Mediante sus redes sociales, Alito ratificó que el tricolor no permitirá que se ponga en riesgo el sistema judicial mexicano: “El PRI se compromete a luchar para defender y mejorar la justicia en México. ¡No permitiremos que se ponga en riesgo nuestro sistema judicial!”.