De acuerdo con una carta de Margaret Satterthwait, relatora Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, se señala que es preocupante la propuesta de reforma al Poder Judicial y le pide aclarar varias dudas sobre la propuesta.
El mandatario debe indicar a la ONU si “las medidas tomadas para asegurar que las reformas legislativas materia de la presente cumplen con los estándares internacionales y proveen un procedimiento de selección judicial no politizado, basado exclusivamente en los méritos y calificaciones de los candidatos, con mecanismos efectivos de supervisión”.
Otra de las preguntas para AMLO fue que “indique las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, permitiéndoles ejercer sus funciones de forma libre de interferencias de otros poderes”.
El organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.
La elección de juzgadores “supone riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad. Este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas”.
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