En una sorpresiva y tensa sesión constitutiva en el Senado de la República, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y ahora senador por Morena, fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua. La notificación, realizada mientras Corral rendía protesta como senador para la LXVI Legislatura, generó un ambiente de incertidumbre y especulación en la Cámara Alta.
Javier Corral llegó temprano al Senado y tomó su escaño, flanqueado por los senadores Omar García Harfuch y Adán Augusto López Hernández, este último elegido como el coordinador del grupo parlamentario de Morena. A pesar de la tensión, Corral se mostró sereno y declaró a los medios presentes: «Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila», en respuesta a los cuestionamientos sobre la nueva orden de aprehensión.
➡️ Te recomendamos: Javier Corral denuncia a la gobernadora Maru Campos #Entrevista
La Fiscalía de Chihuahua notificó al Senado sobre la orden de aprehensión emitida contra Corral por presunto delito de malversación de 98 millones de pesos durante su gestión como gobernador del estado. Sin embargo, con su nueva posición como senador, Corral cuenta con fuero constitucional a partir del 1 de septiembre, lo que le otorga inmunidad y le impide ser detenido mientras desempeñe su cargo.
A pesar de la controversia, Corral mantiene una postura desafiante y de aparente calma. «Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila,» reiteró, sugiriendo que enfrentará esta situación con la confianza de que las acusaciones no tienen fundamento. No obstante, la sombra de la orden de aprehensión podría influir en sus actividades legislativas y en la percepción pública de su papel como senador.
➡️ Te puede interesar: Javier Corral es prófugo de la justicia: Abelardo Valenzuela #Entrevista
La nueva orden de aprehensión contra Javier Corral plantea una serie de preguntas sobre la relación entre la inmunidad parlamentaria y las responsabilidades legales de los legisladores. Además, este caso podría abrir un debate sobre la necesidad de reformas en torno al fuero constitucional y su aplicación en casos de acusaciones graves como la malversación de fondos públicos.