El gobierno de Venezuela debe cesar la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio e investigar a fondo, pidió la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado.
«Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
El reporte contabilizó 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas.
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Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la misión indicó que al menos mil 260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. Datos anunciados por la fiscalía de Venezuela elevan la cifra de detenciones a 2 mil 200 personas, calificadas de manera indiscriminada como «terroristas».
«Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato», señaló Patricia Tappatá, experta de la misión.
Entre los detenidos hay dirigentes, simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositores por las autoridades, de acuerdo con el informe.
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Muchas de las detenciones ocurrieron después de que las personas participaron en protestas o expresaron sus opiniones en redes sociales, agrega.
El reporte subraya informes sobre detenciones de más de 100 menores, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas y que no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.