Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, y Latinoamérica destaca como cada año por las alarmantes cifras de personas desaparecidas en la región, número que no deja de crecer según el último reporte de Naciones Unidas.
Los detonantes que hay detrás de las desapariciones en América Latina dejaron de ser meramente políticos, como ocurrió en la década de 1970 y 1980 con las dictaduras militares que, según estima Amnistía Internacional, dejaron más de 90 mil desaparecidos entre 1966 y 1986. Hoy se resumen básicamente en tres los factores que provocan las desapariciones de personas: migración forzada, crimen organizado y conflictos políticos internos de cada nación.
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Pero el factor que más incide es, sin duda, el crimen organizado que suele estar detrás de las desapariciones en los casos de las rutas migratorias y de la represión política como ocurre en Venezuela y Nicaragua, por ejemplo.
«En muchos países las organizaciones criminales operan en contubernio y con la aquiescencia del Estado porque las estructuras estatales se han visto penetradas, afectadas por la actuación de la delincuencia organizada”, explica a DW Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de las Naciones Unidas.
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Los casos más nuevos, que se han repetido en el último tiempo y se suman a los ya mencionados, son los que enumera Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.
A apuntan a «las desapariciones de activistas ambientales y a favor de la tierra que ocurren especialmente en Colombia; las desapariciones ocurridas como intento de control ilegal por parte de la policía de sectores marginados, que se dan mucho en Argentina, y lo que ocurre en las rutas migratorias, sobre todo en el tránsito a Estados Unidos, víctimas del crimen organizado con cierta aquiescencia de los Estados”.
Aunque México y Colombia son los países que más desaparecidos registran (115.540 y 11.640 respectivamente, según sus organismos internos) también son parte de los países que han desarrollado iniciativas que apuntan al esclarecimiento y término de las desapariciones forzadas. A ellos se suman Perú, El Salvador y Argentina. Este último ha desarrollado un buen sistema de recopilación genética.