Lo anterior, por medio de asignaciones que, como explicó el morenista Juan Ramiro Robledo, se entiende como la gestión de una empresa pública, un servicio público o la prestación de un bien nacional

“El Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares, para utilizar las vías férreas y proporcionar el servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril”, indica el dictamen.

Señala que los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de carga podrán obtener concesiones para prestar servicio a pasajeros.

Ante la previsión de que este proyecto se dirigirá a manos del Ejército, como ha ocurrido con otras obras, el panista Héctor Saúl Téllez dijo que en seis meses el Tren Maya apenas ha podido movilizar a 250 mil personas, muy por debajo de la meta que haría del proyecto algo viable y con utilidades; además, aseguró que va en contra de tratados internacionales.

“Nosotros no podemos dar confianza al gobierno para crear una emores estatal y llevar a cabo la administracion del sistema ferroviario… se crea una grave incertidumbre de inversión, inestabilidad y no asegura que nuestro sistema económico sea beneficiado, ademas de que tenemos dudas fundadas en la operación del ejército en esta nueva empresa de participación”, dijo.

El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, anunció el respaldo a la iniciativa, de la cual refirió que seguramente beneficiará el traslado de las personas; sin embargo, anunció que presentará reservas cuando el proyecto sea discutido en el pleno por considerar que la reforma se “queda corta”.

Así, adelantó que su propuesta de modificación será pedir a las grandes compañías que destinen “a las personas” un porcentaje del valor de lo que transportan vía férrea.

En un segundo tema, la Comisión avaló por 36 votos el dictamen con el que se afianza el marco normativo desde la Constitución para que ningún servidor público gané más que el presidente de la República, quien este año se encuentra en 241 mil 70 pesos mensuales.

Para ello, se estableció que la percepción salarial no podrá exceder lo equivalente a 73.04 UMA.

En el dictamen se especificó que los salarios de “los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República”.

En la reforma se establece que las economías que resulten de este proyecto se destinará al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El panista Jorge Triana criticó que en la búsqueda de austeridad en la actual administración no se consideren para otros conceptos, como la prima vacacional, aguinaldo o compensaciones que recibe el mandatario federal.

El proyecto indica que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

También prohíbe la adquisición de recursos públicos o bienes y servicios innecesarios, jubilaciones, pensiones y regímenes especiales y otros que no estén en disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

En la discusión se presentaron cuatro reservas y, como ocurrió en ocasiones anteriores, sólo se avaló la promovida por Morena, donde únicamente se instó a precisar que lo relativo a la percepción del mandatario, que no se deberá rebasar, se entienda como los ingresos en efectivo y especie.

Estas dos reformas se suman a las cuatro que la misma comisión avaló el jueves y que ahora pasarán a la Mesa Directiva de la Cámara baja, para que el pleno que entrará en funciones el 1 de septiembre las discuta y vote.

Las primeras iniciativas dictaminadas fueron para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el Fondo de Pensiones para el Bienestar; que los trabajadores tengan un salario “digno” y acceso a vivienda.

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