Sobre la marcha
Mexicanos, chiapanecos, huyen hacia Guatemala. Van en sentido contrario a las caravanas de centroamericanos y caribeños que cruzan el Suchiate en busca del “sueño americano”.
Los nuestros, más de 350 de las comunidades de Amatenango de la Frontera y de Mazapa de Madero, se desplazan para no quedar a merced del crimen organizado que controla los territorios del Estado para explotar el tránsito de mercancías, droga y seres humanos.
Fuerzas estatales y federales en la sierra chiapaneca observan. Sacerdotes católicos median donde pueden, con quien pueden. Para el presidente López Obrador, la situación no es mácula de su gobierno ni tema de la mañanera.
Los chiapanecos desplazados hacia Guatemala están en escuelas habilitadas como albergues temporales de la Aldea Laguna de la Frontera, después de entrar a territorio guatemalteco a pie y otros en vehículos a través de caminos de extravío, rodeando el río Grijalva.
En Chiapas gobiernos van y vienen, cacicazgos priistas dieron paso a clanes verdes y de estos, a adornos en Palacio de Gobierno provenientes del primer círculo de la 4-T.
Con el paso de los años y decenas de miles de millones de pesos en partidas federales, Chiapas perdió protagonismo. Hace lustros que el emblemático San Cristóbal de las Casas es un cosmopolita pueblo mágico dinamizado por otroras observadores y activistas europeos que echaron raíces ahí, bajo el encanto indigenista y revolucionario.
Ahora Chiapas vuelve a ser noticia. Ataques con drones del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de civiles para “limpiar” rutas, quema de casas por conflictos políticos mezclados con enfrentamientos religiosos, usos y costumbres, elecciones parciales y amplias zonas vedadas para lo institucional, sea el INE, el IMSS o la Guardia Nacional.
Mientras que en Guerrero, Acapulco, en medio de su reconstrucción luego del paso del huracán Otis el 24 de octubre del año pasado, es escenario de ejecuciones y tiradero de cadáveres y partes humanas, producto de la disputa por el control de la extorsión, derechos de piso, licencias de construcción, peaje para materiales y trabajadores.
En dos años y ocho meses del gobierno de Evelyn Salgado, han pasado cuatro secretarios de Seguridad. Todos, militares con cartas credenciales. Cada uno ha renunciado en circunstancias diferentes, el más reciente por motivos de salud a cuatro meses de jurar en el encargo.
El anterior por el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan, a manos de policías estatales, quienes alteraron la escena para tratar de inculpar al muchacho, que solo paró a comprarse un refresco.
La rotación de mandos encargados de seguridad parece ser el mejor contexto para que el crimen organizado opere y haga negocio. Ni la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso politizado y explotado por todos, los del poder y los del no poder, ha sido capaz de alterar la descomposición social.
Chiapas y Guerrero, dos entidades muestra de la ausencia de Estado en México.
Periodista, director de Emisoras Habladas en Radiópolis.
