Las calles de Bangladés permanecen vacías bajo toque de queda mientras la cifra de muertos por las protestas estudiantiles contra las cuotas de empleo continúa aumentando. Desde el martes, se han confirmado 129 muertes, incluyendo al menos tres periodistas y cientos de personas heridas.
La presión de las movilizaciones llevó hoy al Tribunal Supremo a ordenar la anulación de las cuotas de empleo en el servicio público que beneficiaba a los descendientes de los combatientes de la guerra de liberación de Bangladés (1971), el principal reclamo de las protestas estudiantiles que comenzaron hace casi tres semanas.
Los manifestantes argumentaban que este sistema de cuotas era discriminatorio y beneficia a los partidarios del partido gobernante, la Liga Awami, la formación de muchos de los líderes de liberación, mientras que el Gobierno lo defiende como una forma de honrar a los veteranos de guerra.
El máximo tribunal ordenó hoy una reestructuración total de las cuotas, reduciéndolas del 30% al 5% para los hijos de los combatientes y un 2% para las minorías étnicas y personas con discapacidad.
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La decisión fue recibida con satisfacción por los estudiantes. Sin embargo, los líderes del movimiento estudiantil anunciaron que continuarían con las protestas hasta que el gobierno apruebe un proyecto de ley en el Parlamento que refleje las nuevas disposiciones.
Además de la revocación de las cuotas, los estudiantes también exigen una investigación judicial de las muertes de manifestantes y el fin de la represión digital.
Al menos 129 personas han muerto y varios cientos han resultado heridas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad desde que estalló la violencia el pasado lunes, dos de ellas en la jornada de hoy, según un balance elaborado por EFE.
Los cálculos de algunos medios locales indican un número mayor de víctimas. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido de momento un balance oficial y los datos disponibles provienen de los principales hospitales del país.
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La mayoría de las víctimas son estudiantes o civiles, si bien una fuente de la Policía de Daca informó a EFE del fallecimiento de un oficial de seguridad que fue linchado por una turba de manifestantes. Tanto el Tribunal Supremo como el fiscal general han hecho un llamamiento a los estudiantes para que regresen a las clases.
En un comunicado compartido con EFE, 23 líderes del movimiento aseguraron que «algunos dirigentes de los estudiantes han sido arrestados, incluido el máximo coordinador». «Hasta que sean liberados, no será posible ninguna negociación», según el escrito. Las autoridades tampoco han dado información oficial sobre arrestos en las protestas.
El fiscal general Amin Uddin ha prometido justicia y aseguró que pedirá al gobierno que «descubra a los culpables de la violencia y tome medidas estrictas contra ellos», dijo a la prensa el fiscal general Amin Uddin a su salida del tribunal para la audiencia sobre el caso de los estudiantes.
El Gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina extendió el toque de queda por tercer día consecutivo, con una breve relajación en la tarde para permitir el acceso a necesidades básicas.
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Las comunicaciones, incluyendo internet, llamadas telefónicas y mensajes de texto, permanecieron restringidas en todo el país, dificultando el acceso a la información y la comunicación.
Las protestas se tornaron violentas el pasado lunes después de que la primera ministra rechazase sus exigencias y sus movilizaciones comenzasen a ser duramente reprimidas.
En la declaración que desató la ira de los estudiantes, Hasina se refirió indirectamente a los manifestantes como «razakars», un término cargado con una connotación negativa usado en el pasado para referirse a las fuerzas rebeldes que se oponían a la independencia de Bangladés, entonces parte de Pakistán. EFE