Nadie con sano juicio puede considerar innecesaria una reforma al Poder Judicial, a pesar de que hace menos de tres años se hizo una que, su entonces presidente calificó como indispensable y exitosa; pero si se trata de buscar abatir la corrupción los otros dos poderes están tanto o más urgidos de un cambio sustancial. En todo caso es necesaria una reforma al Estado Mexicano y en una de esas hasta una nueva constitución.
El problema es con quienes y para qué, porque si se trata de una iniciativa maniquea y prejuiciosa como la que impulsa el presidente las consecuencias pueden ser graves para todo el país, su futuro y su democracia.
La reforma de marras se concentra en la elección popular de ministros, magistrados y jueces como fórmula para combatir la corrupción, Error, no es el camino y que no mientan, las experiencias se limitan a Bolivia con muy malos resultados, no es cierto que en Estados Unidos se sigue este modelo, sí se elige algunos juzgadores pero de poca relevancia. En el caso concreto de la Corte Suprema los magistrados son propuestos por el presidente en turno y ratificados en el legislativo, algo muy parecido a lo que se hace en México.
De los casos de corrupción que están a la vista la mayoría corresponden al poder Ejecutivo, desde la casa presidencial con hijos, hermanos, parientes y otros colaboradores hasta diversas dependencias, en la mayoría de la casos con absoluta impunidad, no se han realizado investigaciones sobre los presuntos negocios de los hijos de López Obrador, personal cercano palacio como el secretario particular y el jefe de ayudantes, la exsecretaria de energía, la titular de la Conade, el director de la CFE, hasta llegar a Segalmex, el monumental desfalco que ha pasado en la obscuridad, entre otros funcionarios y dependencias de las que se ha dado cuenta sin que se les moleste con una indagatoria.
El legislativo es todo un festín, no se les pide cuentas, los arreglos por debajo y por arriba están a la orden del día, el sometimiento en las dos legislaturas recientas ha sido una calamidad y de malas consecuencias para el país. Sus mayorías están lejos de servir de contrapeso al ejecutivo.
Los órganos autónomos constitucionales han sido debilitados al borde de la desaparición, coptados como derechos humanos o energía, la excepción es el Banco de México, a pesar de la llegada de funcionarios vinculados al régimen ha mantenido su operación dignamente.
¿Y qué decir del Pacto Federal? Hay estados de la república apestados con los que el presidente de la república no quiere ningún contacto o los ataca por sistema como ha ocurrido con Guanajuato y Chihuahua.
Por supuesto, hay corrupción en el poder judicial, pero no solamente en el ámbito federal, es mayor el que se registra en las entidades federativas con la agravante que el mayor porcentaje de los casos está en los tribunales de justicia locales.
López Obrador llegó al gobierno con la promesa de abatir la corrupción y ha fracasado, no ha podido frenarla ni en su equipo más cercano y no bastará con un desmentido de sus hijos como lo ha declarado, porque hay documentos, contratos, grabaciones, testigos y más que evidencian los negocios y arreglos al amparo del poder.
Bienvenidas la reformas, pero no los juicios sumarios ni las venganzas.
México necesita cambios en los tres poderes, una reforma política de vanguardia, reforma fiscal, una reflexión al sistema de gobierno, regresar el respeto al ser y quehacer de los órganos constitucionales, entre otros cambios.
Decretar reformas desde el ejecutivo con la complicidad del legislativo para arruinar al judicial no es la solución. ¿Quieren cambios? Adelante, pero a todo el Estado Mexicano.
