Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en entrevista con José Cárdenas, explicó que las sanciones que se le deben imponer a una autoridad que revele datos personales, sin el consentimiento de los o las afectadas, van desde las amonestaciones privadas hasta una multa económica. Sostuvo que en el caso en el que Pemex acusó a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de supuesta corrupción, por lo que difundió sus datos personales, la autoridad es juez y parte. Por otra parte, respecto al caso de Casar de presunta corrupción, Alcalá dijo que en la ley federal de transparencia hay un artículo que permite únicamente a comisionados de esa institución ponderar entre hacer públicos o reservar los datos relacionados con casos en los que existen casos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.