Luego de tres días sitiados por hombres armados y encapuchados, los integrantes de unas 240 familias, casi 700 personas, de los municipios de Pantelhó y Chenalhó, huyeron de sus comunidades debido a la violencia y amenazas de muerte por parte de sicarios de la delincuencia organizada, lo que provocó un nuevo desplazamiento forzado de comunidades indígenas tzotziles.
Rosalinda Gómez Santiz, habitante de la comunidad de La Esperanza, en Pantelhó, manifestó a EFE la impotencia y el miedo que sintió al huir de su casa el pasado 18 de abril cuando cesaron los disparos tras tres días de refriega y comenzaron los rumores de un posible ataque directo a la comunidad.
Las más de 700 personas, ahora víctimas de desplazamiento forzado, huyeron de las comunidades de El Carmen y La Esperanza, municipio de Pantelhó, donde permanecieron sitiadas por los grupos armados y ahora se encuentran refugiadas en cuatro localidades del municipio de Chenalhó, quienes les han dado alojamiento.
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El defensor de Derechos Humanos, Reynaldo Pérez, comentó a EFE que este desplazamiento es como «una gran familia, la gran mayoría son niños, mujeres y ancianos”.
Los centros educativos de la comunidad Quishnic se han convertido en albergues, donde viven los desplazados, mientras las autoridades se enteran de la situación y los voltean a ver. Los desplazados han acusado que la ayuda del Gobierno de México ha sido nula y son los propios habitantes de Chenalhó los que han aportado y colaborado para que mujeres, niñas y adultos puedan subsistir.
Desde 2023 en la región se han agudizado la violencia y los asesinatos por el control del territorio de Pantelhó, donde sus pobladores viven en constante terror.
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Por otra parte, este jueves en Pantelhó se registró la ejecución de un hombre, pastor de la Iglesia adventista del séptimo día. El hombre se encontraba abasteciéndose de agua para su familia cuando varios sujetos lo sorprendieron en el interior de su vehículo y fue asesinado mediante dos disparos de arma de fuego.
Ante esta problemática, organizaciones civiles e indígenas han denunciado desde 2023 que en distintas regiones de Chiapas se vive un ambiente de “guerra civil” que se agudiza cada día por los conflictos armados, la presencia de cárteles del narcotráfico, la migración y el actual proceso electoral.
Esto ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados en particular en comunidades indígenas afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). EFE