La reforma a la Ley de Amparo, recién aprobada por el Congreso, vulnera los derechos humanos y violenta instrumentos internacionales firmados por México, advirtió la Cámara de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce, ICC).
“La aprobación de la reforma reducirá en forma importante la vigencia y eficacia de derechos humanos frente a actos presuntamente arbitrarios de las autoridades”, señaló en un comunicado.
Asimismo, indicó que contraviene instrumentos internacionales a los que México se ha adherido, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también llamada ‘Pacto de San José’ y firmada en 1968 en Costa Rica para tutelar las «debidas garantías» judiciales.
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La cámara reaccionó después de que el Congreso avaló la semana pasada cambios legales a la Ley de Amparo para prohibir que jueces otorguen suspensiones generales a leyes, normas, construcción de obras o actos de autoridades que pudieran tener una repercusión social, económica o violentar derechos humanos.
La oposición en México advirtió que, una vez se promulgue la reforma, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer acciones de inconstitucionalidad y que sea el alto tribunal quien defina el uso de las suspensiones generales mediante amparos judiciales.
En este sentido, la ICC México pidió a la SCJN que, “una vez que lleguen a su ámbito las acciones de inconstitucionalidad de esta reforma, vele por la seguridad jurídica de las y los mexicanos y del ecosistema económico-financiero del país”.
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“Tenemos la convicción que el máximo tribunal de México velará por la defensa de la Constitución y los tratados internacionales y pondrá un alto a esta reforma que afecta, principalmente, a las personas que menos tienen”, manifestó.
La organización explicó que para que una suspensión pueda cumplirse y se preserve la materia del juicio de amparo es necesario que no solo se suspenda la aplicación de una norma o acto a quien promueve el juicio, sino que sea de forma general.
“Esta posibilidad, además, beneficia a las personas que se ven afectadas por el acto de autoridad, pero no tienen los medios para promover un juicio de amparo”, abundó.
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La ICC México denunció que la finalidad de la reforma es “atar de manos a los jueces para que ellos ya no sean quienes determinen cuál debe ser el alcance de la suspensión y cuándo hay una afectación del orden público y cuándo no, y que sea el legislativo quien lo decida; de manera que dicho poder se convierta en juez y parte”.
Hasta ahora, los jueces tenían la facultad de determinar en cada caso si la suspensión debe ser particular o general, lo que afectó a reformas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en particular de energía, y la construcción de obras, como el Tren Maya. EFE