El Instituto también protegió la información sobre el cargo al que aspiran las personas que solicitaron protección, el partido al que pertenecen y si la protección fue otorgada o se negó.
El Instituto indicó que la difusión de la información “permitiría deducir aquellos estados de la República que mayormente requieren protección, lo que pondría en alerta a grupos delictivos que, en su caso, quieran atentar contra la seguridad no solo de quienes serán candidatos, sino de la población a la cual pertenecen y en su caso, también podría establecerse una estadística de aquellos que no requieren protección comprometiendo su seguridad presente y futura”.
Hasta el 14 de marzo, 73 candidatos habían solicitado protección, informó en una conversación con medios de comunicación Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto, sin embargo, no brindó mayor detalle.
La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, informó el 5 de marzo que habían brindado protección a las dos candidatas y el candidato a la presidencia, a tres aspirantes a gubernaturas, a siete al Senado y a diez a la Cámara de Diputados, sumando 23 candidatos protegidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar) y Guardia Nacional, lo que significa que en en 10 días 50 candidatos pidieron protección, es decir, se dispararon las solicitudes.
El protocolo de protección sólo aplica para aspirantes a un cargo federal y, de acuerdo con un reporte de Integralia Consultores, es en el ámbito local donde los candidatos se encuentran más vulnerables. La Organización Editorial Mexicana (OEM) registra 19 asesinatos a un cargo de elección popular asesinados desde que arrancó el proceso electoral el pasado 7 de septiembre.
TE PUEDE INTERESAR: