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Escándalo financiero de Samuel García

Publicado por
Guadalupe Bustamante

A sólo dos semanas de rendir protesta como gobernador de Nuevo León, Samuel García creó cuatro empresas inmobiliarias. 

Además, designó a Carlos Mendoza Cano, ex empleado de la familia del gobernador, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León. 

Desde las pasadas elecciones, Samuel García y Movimiento Ciudadano fueron sancionados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al comprobarse triangulaciones ilegales durante la campaña de García a la gubernatura. 

Además, tuvieron una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de su entonces titular, Santiago Nieto, por presunto lavado de dinero y presunta evasión fiscal. 

 

 

El TEPJF y la UIF dieron a conocer que las aportaciones ilegales se hicieron mediante un esquema de triangulación. Las empresas que participaron en dichas aportaciones fueron SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C.. Cabe destacar que estas empresas son propiedad de la familia García Sepúlveda.

De acuerdo con las investigaciones, la suma de recursos “aportados” a la campaña del ahora gobernador de Nuevo León sumaron la cantidad de 14.2 millones de pesos.  Dicha cifra fue dada por parte de algunos miembros de la familia García Sepúlveda. 

Bertha Sepúlveda “donó” 11.6 millones de pesos, mientras que sus hermanos aportaron el resto del dinero. Según la investigación, ninguno de los familiares de Samuel García tenía la capacidad económica para realizar tales aportaciones. 

Lo anterior pareciera ser solo el comienzo. Dos semanas antes de protestar como gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez crearon y registraron la “Sociedad SAMAL-MAR“. Esta empresa se dedica al ramo inmobiliario y la pareja aparece como accionista. Samuel García cuenta con el 70% de la compañía mientras que Rodríguez tiene el 30%. 

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Dicha empresa se puede dedicar a 72 actividades en el ramo de la construcción. Entre las que destacan, la construcción de inmuebles, caminos y presas, además de que pueden llevar a cabo lotificación de terrenos. 

Además de SAMAL-MAR, García fundó otras 3 empresas del mismo ramo,15 días antes de entrar en funciones como gobernador. El problema aquí es que ninguna de estas empresas aparecen en su declaración patrimonial presentada el pasado 29 de noviembre. 

El 18 de septiembre de 2021, Samuel García estableció otra sociedad. Esta vez se llamó García Sepúlveda Inver y participa casi toda su familia. Desde su madre, hasta sus hermanos Silvia Catalina, Ana Cecilia y Roberto Miguel García Sepúlveda. Cabe añadir que este último es el dirigente estatal de jóvenes para MC. 

Dos días después, el 20 de septiembre de 2021, García conformó las empresas SAGA Bienes Internacional y SAGA Comercio, Construcción y Transporte. De la primera compañía el gobernador neoleonés es el socio mayoritario y comparte acciones con su padre. 

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Además de los familiares del gobernador, aparecen como socios de las empresas creadas en septiembre de 2021, las compañías utilizadas para triangular recursos a la campaña del emecista. 

Una de las primeras acciones de Samuel García como gobernador de Nuevo León fue nombrar a Carlos Mendoza Cano como titular de la UIF en el estado norteño. Sin embargo, según información de Rodrigo Carbajal para Código Magenta, este personaje es muy cercano a los intereses de García y su familia. 

La designación de Mendoza Cano en la UIF de Nuevo León fue polémica, pues este abogado está muy ligado a la familia García Sepúlveda, pues trabajó para la firma de abogados Firma Jurídica y Fiscal S.A. de C.V.. Además es acusado por empresarios del sector inmobiliario neoleonés de ser parte de un entramado criminal para apoderarse de los activos inmobiliarios desde el poder. 

Carlos Mendoza Cano es ex director de fiscalías investigadoras y averiguaciones previas en la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Además, fue abogado privado de Emilio Tancredi –otro empresario inmobiliario acusado de fraudes y que ha tenido órdenes de aprehensión en su contra- en los litigios inmobiliarios y síndico electo en la planilla Luis Donaldo Colosio Riojas en Monterrey. 

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Mendoza Cano también ha sido acusado en diferentes ocasiones por pertenecer a una asociación criminal con un grupo dentro de la Fiscalía de Nuevo León. Esta asociación se encarga de asegurar terrenos arbitrariamente desde el poder, promover juicios de fraude en contra de los dueños originales de los activos y despojar a los propietarios del terreno. 

Por si fuera poco la Firma Jurídica y Fiscal S.A. de C.V. también ha estado bajo investigación federal por operaciones financieras irregulares. Dicha firma, según afirma Rodrigo Carbajal, es el despacho personal de la familia García Sepúlveda. 

Ahora, un ex colaborador del despacho de los García tomó el control de una dependencia que lo que busca es tener acceso desde el poder a cuentas bancarias privadas e información relevante de las indagatorias sobre crímenes financieros. 

En este sentido, Samuel García, Gobernador de Nuevo León, mediante un comunicado, este miércoles, desmiente con pruebas y argumentos, una nota publicada en El Norte, en la que acusan a su gobierno de “triangulación de recursos”. Compartió lo dicho en rueda de prensa, para que no quede lugar a dudas de que su gobierno es incorruptibles: 

  • 1.- MyR es proveedora del gobierno desde el 27 de enero de 2016, es decir, desde la administración anterior.  

  • 2.- Proveedor de Productos Mexicanos Jace, es cliente de la firma jurídica de la que soy socio, desde octubre de 2017, es decir, cuatro años antes de asumir la gubernatura, ni siquiera era Senador en ese entonces.
  • 3.- Desde 2017, la Firma brindó a Jace asesoría por una auditoría realizada por el SAT en 2017, sobre el Ejercicio Fiscal de 2015, y por la cual fincó un crédito fiscal hasta 2020. El mismo fue nulificado en sentencia del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa en septiembre del 2022 y, de manera definitiva, en última instancia, vía amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito en enero de 2024.

El origen de esta nota es un montaje, y luego, una filtración hechos por la Fiscalía del Estado, manejada por la vieja política, que desde enero ha estado investigando a las empresas de mi familia, como una forma de presionar, extorsionar y difamarnos durante este proceso electoral. 

Sabe que vendrán más ataques como este, por una sencilla razón: son tiempos electorales y así opera la vieja política. También porque el gobierno tiene miles de proveedores y el despacho que fundó su padre tiene muchos clientes porque lleva muchos años siendo uno de los mejores de Nuevo León.  

Dice estar tranquilo porque no tiene nada que ocultar y porque hay pruebas y argumentos para desmentir cada acusación falsa que hagan. Afortunadamente, su patrimonio lo construyo trabajando duro y mucho antes de entrar a la política.

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Guadalupe Bustamante