Cuatro de cada 10 ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación tienen posible relación con funcionarios públicos, advirtió el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH).
«Esta preocupante cifra subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país», enfatizó Jesús Rey Fierro, presidente del GIDH en un comunicado.
Fierro, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que cifras oficiales del Mecanismo de Protección indican que se registraron 834 ataques contra defensores y periodistas en el país entre octubre de 2012 y hasta noviembre de 2023.
Detalló que, de este total, 356 (un 43%), se atribuyen probablemente a funcionarios públicos y 276 (33%) a actores no estatales, como grupos de la delincuencia organizada.
Contrastó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solo logró 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas entre 2012 y diciembre de 2023, incluidos amenazas, robos, tortura y homicidios, con penas que van desde dos días hasta 50 años de prisión.
Sin embargo, lamentó, “solo se obtuvieron ocho condenas por asesinatos de periodistas en este periodo”.
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El presidente del GIDH criticó que las cifras sobre homicidios de periodistas varían entre las mismas autoridades federales, y mencionó que la Feadle registró 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, de los cuales solo consideró que 30 estaban relacionados con el ejercicio periodístico.
En contraste, agregó, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, hasta octubre de 2022″.
Ante las diferentes cifras y realidades oficiales, Fierro pidió al Gobierno mexicano tomar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección, incluida la asignación de recursos adecuados y la implementación de un sistema de monitoreo, evaluación efectiva y protección eficaz para garantizar la integridad de los informadores profesionales.
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Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante lo que consideró «grave filtración» de datos personales de periodistas en México.
Esto, luego de que el pasado 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo público el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal en México de The New York Times, en su habitual conferencia desde el Palacio Nacional.
En este contexto, se inscribe el informe ‘Nadie garantiza mi seguridad. La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas‘ de Amnistía Internacional, que da cuenta del asesinato de ocho periodistas en el país que fueron asesinados mientras estaban inscritos en el Mecanismo de Protección gubernamental. EFE