El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobierno de México debe entregar una versión pública de los contratos para la compra del sistema de espionaje Pegasus y de la denuncia contra la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica).
En la resolución de los asuntos votaron en contra las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, en los que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó recursos de revisión en contra la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con el argumento de afectaciones a la Seguridad Nacional, el organismo jurídico de la Presidencia de la República logró mantener congelado el acuerdo del INAI, para presentar versiones públicas en ambos casos.
En el caso Pegasus, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, modificó su proyecto y rechazó entregar una versión sobre el uso de ese sistema.
El INAI resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debía entregar una versión pública de los “reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios”, relacionados con el sistema Pegasus.
Este software de espionaje fue adquirido por durante la administración de Enrique Peña Nieto, en 2014, a una firma israelí.
La información había sido revelada durante una conferencia en Palacio Nacional, el 21 de julio de 2021, cuando el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que la Procuraduría General de la República (PGR) había pagado 32 millones de dólares, a la empresa NSO Grup.
Luego de proporcionar esos detalles, la UIF determinó reservar la información por cinco años, al comenzar a recibir las solicitudes de información, con el argumento de que se ponían en riesgo las técnicas de investigación en diversos delitos.
En relación con el asunto de Calica, el organismo de Transparencia ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentar una versión pública en contra de la empresa, que se presentó en junio de ese año ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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El gobierno federal y el consorcio Vulcan Materials sostienen un arbitraje por el retiro de la concesión para explotar yacimientos de piedra caliza en Quintana Roo.
En este caso, fue la CJEF quien argumentó un riesgo de Seguridad Nacional y no la Semarnat, por lo que no se podía realizar el estudio, de acuerdo con el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La Corte consideró que difundir la versión pública de la denuncia, no afecta el desarrollo del litigio que se realiza ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en el que Vulcan solicita una indemnización de mil 900 millones de dólares.