El Gobierno de México, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), presentó una denuncia el pasado miércoles 31 de enero ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables, luego de la sustracción ilegal de datos de periodistas del Sistema de Acreditaciones de Presidencia de la República.
“Como parte de las labores llevadas a cabo desde el pasado viernes 26 de enero —fecha en que tuvo conocimiento de la posible vulneración del sistema—, el gobierno federal se mantiene atento a los avances de las investigaciones, a fin de que quienes resulten responsables de la sustracción ilícita reciban sanciones conforme a la ley”, informó.
Señaló que las acciones realizadas hasta este momento son:
-El viernes 26 de enero, el cierre de cualquier acceso una vez que se notificó a la CEDN.
-Atención a comunicadoras y comunicadores por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
-El lunes 29 de enero, el Gobierno de México dio a conocer la información disponible hasta ese momento.
-El martes 30 de enero se instaló un módulo de orientación e información en Palacio Nacional, donde se recibió la solicitud de la entrevista de ocho periodistas para su incorporación al mecanismo.
A lo anterior se suma el acompañamiento a 26 personas periodistas que requirieron apoyo para iniciar una denuncia penal.
“Además, se contactó a 36 periodistas incorporados al mecanismo y que acuden a la conferencia matutina, con el objetivo de fortalecer el monitoreo de seguimiento y su plan de protección en caso de ser necesario”, indicó.
En este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, refrendó la condena de esta sustracción ilegal y ratificó que está a disposición el mecanismo.
“La finalidad es mantener la atención para quienes consideren que podrían estar en riesgo”, concluyó.
Una investigación de Intolerancia Diario, en conjunto con la consultora tecnológica KreaciaLabs, confirma que fue negligencia informática de Presidencia de la República y no un hackeo la que expuso los datos sensibles de 323 periodistas.
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