El Tribunal Supremo de Israel anunció la anulación de una ley clave de la polémica reforma judicial que el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó en julio, y que quitó poder a la propia corte para revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si éstas eran razonables o no.
El tribunal, por una ajustada mayoría de ocho de 15 jueces, informó de la derogación de la legislación al sostener que «causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático», según detalló en una sentencia hecha pública este lunes.
El fallo judicial es un golpe al plan de reforma de la coalición derechista de Netanyahu, que según detractores socavaría la división de poderes y la independencia de la Justicia en Israel, y que hasta el inicio de la guerra en Gaza llevó a masas de personas a la calle en un movimiento de protestas de dimensión histórica en el país.
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Ocho de los 15 jueces del tribunal votaron a favor de invalidar la norma, indicó el Ministerio israelí de Justicia en un comunicado. Tras la decisión de la Corte, el ministro de Justicia, Yariv Levin, acusó al tribunal de «arrogarse todos los poderes».
El partido de Netanyahu, el Likud, fustigó por su parte el calendario de esta decisión. Es «lamentable que la Corte Suprema haya decidido publicar su veredicto sobre un debate social en Israel mientras soldados de derecha e izquierda combaten y arriesgan sus vidas» en Gaza.
«La decisión de la Corte es contraria a la voluntad del pueblo de unidad, sobre todo en periodo de guerra», añadió el partido nacionalista. La reforma judicial fue anunciada en enero y desencadenó un amplio movimiento de protesta, uno de los más importantes en la historia de Israel.
Según el gobierno de coalición — que reúne a partidos de derecha, extrema derecha y formaciones ultraortodoxas — la norma, al reforzar el poder de los diputados sobre el de los magistrados, busca corregir un supuesto desequilibrio.
Los detractores de la reforma, en cambio, acusan a Netanyahu, juzgado por corrupción, de querer usar la reforma para suavizar una eventual condena en su contra, lo que el político niega. La decisión se produce en plena guerra entre Israel y Hamas, desencadenada el 7 de octubre tras el sangriento ataque del movimiento islamista en el sur de Israel.