La debilidad procesal –-una más—del Ministerio Público, incapaz de sustentar una acusación más allá de los dichos de un testigo anónimo y sin pruebas, por cuyos dichos se había encarcelado a ocho militares en servicio aquella noche de Iguala hace diez años, empujó a la jueza Raquel Duarte, del segundo juzgado federal, con sede en Toluca, a conceder, tras un amparo a los militares procesados, la garantía de un proceso penal en libertad.
Ni fueron exonerados ni plenamente liberados de todo cargo, como ha ocurrido –por contrataste–, con los sicarios confesos como el “El Gil” o a quienes apelaron al recurso de decirse torturados, para quedar en plena libertad gracias a la aplicación de una justicia extraña cuya inconsistencia libera a los culpables y encarcela a los inocentes.
Los procesados, Omar Torres Marquillo, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Andrés Flores Lagunes, Roberto de los Santos, Eloy Estrada Díaz, Yashiel Reyes Lazos, Ramiro Manzanares y Juan Sotelo Díez, fueron acusados del i prescriptible delito de “Desaparición forzada”, aunque el dicho interesado del anónimo “Guerrero Unido”, “Juan”, los señalaba de no haber auxiliado a los estudiantes antes del secuestro y –obviamente– su posterior desaparición.
Los acusados recurrieron a la garantía constitucional del amparo, lo cual generó la furia de los inquisidores para quienes la herencia de Rejón, no es un derecho sino una ventaja indebida, por lo cual –además de embestir contra la jueza Raquel Duarte—, amenaza a los magistrados del correspondiente tribunal colegiado, (Horacio Armando Hernández Orozco, Francisco Sarabia y Juan José Olvera López) a quienes, colocan en planos antagónicos entre los derechos procesales y los de las víctimas indirectas del supuesto delito.
Prisión preventiva justificada para ocho miembros de las fuerzas armadas que fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
La fiscalía expuso: (LJ).- “…ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano, dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa (Iguala porque en Ayotzinapa nada ocurrió), esta representación social federal interpondrá de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
Pero el problema nol es si se conceden o existen siquiera las “ventajas indebidas”, sino la herejía política.
–¿Cómo se les ocurre entorpecer una investigación al frente la cual, está –ni más ni menos–, nuestro infalible señor presidente?
Al menos así lo dice, palabras más palabras menos, el defenestrado ex subsecretario de Derechos Humanos quien mete su cuchara con la misma vehemencia de cuando era responsable de todo este embrollo del cual la IV-T no puede salir ni siquiera medianamente bien librada.
(LJ).- “…Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, escribió en sus redes sociales:
“Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad”,
“Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México, añadió.
Independientemente de la inutilidad de sus opiniones, Alejandro Encinas le hace un enorme favor a los detractores de la IV-T: los abogados no pueden abogar; los militares no tienen derechos humanos (el acceso a la justicia es uno de ellos), ni se les debe garantizar una correcta representación porque la Secretaría de la Defensa carece de estatura moral para apoyar a los integrantes del instituto armado (como se decía antes), y se les debe dejar a su suerte no en favor de la justicia, sino porque el presidente litiga y no es dable, ni correcto, ni justo, ni permitido ni comprensible, actuar en su contra.
Tampoco es muy ortodoxo un jefe del Ejecutivo autonombrado en labores de fiscal.
Rafael Cardona