Sobre la marcha
Nuestro gobierno amanece todos los días reunido en Palacio Nacional para atender el tema de la seguridad nacional. Antes de oficiar mañanera, el presidente López Obrador conoce métricas sobre criminalidad. Ya en discurso, el mandatario ajusta, asusta y azuza a jueces por lo que considera, incorrecta impartición de la justicia en distintos casos y temas.
En 2021, cerca del 25 por ciento de todos los municipios del País reportaron denuncias por violencia electoral. El crimen organizado, que no parece sucumbir ante la superioridad moral de la clase política que mayoritariamente nos gobierna, incide a nivel local y regional en los cauces democráticos que, los mexicanos nos hemos dado.
Para el gobierno federal, la creciente asignación de tareas de prevención y combate a la ilegalidad a las fuerzas armadas con su consistente reprogramación temporal que pasa a permanente en un abrir y cerrar de sexenio, no ha logrado romper vínculos entre poder criminal y quehacer público.
El interés político de cárteles y corporativos delincuenciales crece en la medida en que lo ilícito se hace política pública en su municipio, estado o región. El valor de colocar, desde el delito, a encargados de la legalidad jurídica y económica, sean fiscales, comisarios, secretarios de obra o infraestructura, es consecuencia de la impunidad y la incapacidad gubernamental para entender y atender los fenómenos de esa delincuencia a gran escala en su real dimensión.
El tamaño de los negocios que se apropian y florecen violentando leyes y normas, articula poderosos métodos para operar, amenazar, corromper y finalmente incidir en procesos electorales de cada distrito.
No se trata de empujar tal o cual ideología, se busca controlar los eslabones burocráticos que deciden, asignan contratos, omiten persecuciones, dan protección política y económica a quienes los pusieron ahí.
La complejidad y peligrosidad de todas esas redes y siglas gozan de cabal salud a cinco meses de las elecciones más amplias de la historia.
Los empeños normativos del INE palidecen frente a los riesgos profundos de este proceso. Definir si algún candidato hizo o no campaña adelantada es nimio frente a saber a cuántos de los candidatos y abanderadas partidistas, las bandas locales han cooptado por la vía de la plata o del plomo.
Para ese tipo de delito, no existe denuncia, no hay pruebas, la fiscalización es imposible, porque más que tratarse de hechos presentes, se trata de pavimentar futuros de corrupción de amplio espectro.
Desafío mayúsculo para la sociedad informada y actuante; salir y votar no basta.
Habrá que imaginar como desactivar esos nexos entre crimen y elecciones que esquivan discursos y propaganda política. El mayor riesgo de este proceso es el de múltiples narco elecciones en cientos de municipios y decenas de estados.
La denuncia pública a través de medios subsiste como camino posible ante el pendiente gubernamental más grande y peor atendido de su registro histórico.
Periodista, director de Emisoras Habladas en Radiópolis.
