Para el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, todo está bajo control y aclarándose, como en el sonado caso en Segalmex, donde se denunció un fraude y en el que están involucran a 87 personas; 41 exservidores públicos y 46 vinculados a empresas.
Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el funcionario federal aclaró.
“En cuanto a Segalmex, debo decirles a ustedes qué se ha hecho un enorme trabajo y de los 9 mil 500 millones que se habían promovido, más de 2 mil 500 millones ya fueron aclarados, así que ese monto va hacia abajo. Y en 2022 no tenemos ninguna observación con respecto a montos en Segalmex”, comentó Roberto Salcedo Aquino.
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“A la fecha, con base en las investigaciones de todas las evidencias, ya se aclararon y se solventaron 2 mil 700 millones de pesos, por lo que de 9 mil 500, se ha bajado a 6 mil 800 de pesos, lo que está por aclarar. De esos 6 mil 800 millones de pesos, 3 mil 700 están en proceso de aclaración, todavía no podemos nosotros determinar si hay daño patrimonial, o no, de esa cantidad, y 3 mil 100 se encuentran en las etapas siguientes: Mil 800 están en etapa de investigación y Mil 300 están en proceso de responsabilidades administrativas”.
Salcedo Aquino expresó que han actuado con pasión y con pleno ejercicio de sus facultades para proteger la riqueza nacional y cuidar los recursos que pertenecen a la sociedad a la que tienen el privilegio de servir. Detalló que se presentaron 99 denuncias penales de octubre de 2022 a septiembre de 2023, asociadas principalmente con enriquecimiento ilícito; ejercicio ilícito del servicio público; peculado; abuso de autoridad.
En lo referente a los procedimientos de responsabilidades administrativas graves, de un universo de mil 580 expedientes al 30 de septiembre de 2023, el 49% (771) fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
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Por cuanto hace a las sanciones y multas, en el periodo que se informa, se emitieron 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron la normativa en materia de adquisiciones y de obra pública; de ese número, se impusieron multas que ascendieron a mil 102 mdp y 173 inhabilitaciones.
Y subrayó, “es por ello, que la Función Pública manifiesta su mejor disposición para participar con ustedes en la revisión de las iniciativas relacionadas con el robustecimiento de las normas en materia de beneficiarios finales en las leyes de adquisiciones y obras públicas; el perfeccionamiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la inclusión del cohecho internacional en esta norma; el fortalecimiento del marco jurídico de alertadores y personas denunciantes de hechos de corrupción; y, la promoción de la política de integridad en las empresas que participan en contrataciones públicas”.
La comparecencia no estuvo exenta de reproches por parte de la oposición, y de la defensa de los legisladores de mayoría, y el propio titular de la Función Pública, aseguró “para aceptar un cargo hay que ser valiente y tenemos que tener el valor de enfrentar la corrupción, y aquí no se necesita valencia sino argumentos”.
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Previo a que iniciara esta comparecencia, los presentes concedieron un minuto de silencio en memoria del panista Juan Pablo Adame, quien falleció de cáncer.