El Gobierno del libertario Javier Milei establecerá «consecuencias» para las más que previsibles protestas callejeras tras el severo ajuste económico, cuyas primeras medidas se conocieron el 12 de diciembre, apenas dos días después de su investidura como presidente de Argentina.
«Si se toma la calle, va a haber consecuencias» fue la contundente frase pronunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la rueda de prensa en la que difundió el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.
Con ese protocolo, el Gobierno advirtió de que las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria no permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.
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Entre las medidas anunciadas, están las sanciones severas para quienes hagan, organicen, instiguen o sean «cómplices» de cortes; el registro de organizaciones implicadas; la prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas; y la notificación a la Dirección de Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.
Pese a que la que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri fue candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y llegó al gabinete de Milei tras apoyarle cuando quedó fuera del balotaje del 19 de noviembre, la seguridad es uno de los asuntos en los que siempre estuvo más cerca de las posturas de La Libertad Avanza (ultraderecha).
Palabras como «orden» y «coraje» fueron el eje en la campaña de Bullrich junto al hoy ministro de Defensa, Luis Petri.
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«Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso», afirmó Bullruch, quien advirtió de que quedaba derogado el «protocolo garantista de Nilda Garré», en alusión a la exministra de Defensa y de Seguridad con los peronistas Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Con esto se refirió a una resolución de Garré de 2011, que aspira a resolver conflictos sin «daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación». Para ello, prohíbe que los agentes porten armas de fuego, restringe el uso de porras de goma y obliga a que los uniformados estén identificados.