Juan María Naveja
“Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos y esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, que el instituto de la transparencia, que el instituto de comunicaciones, que el instituto de la competencia QUE NO SÉ CUÁNTO…” Andrés Manuel López Obrador.
La declaración del presidente no tiene desperdicio, lo pinta de cuerpo entero y en el atraso en que habita, se quedó instalado en los tiempos del poder absoluto, no entiende las razones por las que fueron creados los órganos autónomos con rango constitucional, lo incomodan, en pocas palabras, le estorban.
Por supuesto, podrían funcionar mejor, también el gobierno, pero no cabe duda que es más lo que el país ha ganado desde que fueron creados, además de que responden a compromisos con organismos y acuerdos internacionales. México no es el único que ha desarrollado un entramado de esa naturaleza, más bien llegó tarde.
Los organos autónomos con rango constitucional comenzaron desde 1983 con la UNAM, fue hasta en los noventas cuando el Banco de México alcanzó esa categoría, luego vinieron la Comisión de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral (hoy INE), el INEGI, el INAI, el IFT, la COFECE, solo por señalar los que el presidente ataca con frecuencia; la Fiscalía General de la República está en este grupo, pero desde su creación actúa más como brazo del gobierno y la CRE que es un desconcentrado de la Secretaría de Energía.
Propios y extraños reconocen el valor de la autonomía del Banco de México, inclusive se le reconoce al presidente López Obrador que no ha intervenido en la institución más allá de sus atribuciones, porque a pesar de los afanes de los gobiernos que han querido echarle mano no han podido fundamentalente porque cuenta con una estructura institucional sólida.
En la administración pública no todo se puede marcar en pesos y centavos cual abarrotero, se necesitan instancias de equilibrio, contrapeso, información y transparencia del sector público.
Hay que precisar, estos organismos son a favor y en defensa de los derechos de los ciudadanos, por eso deben actuar en sus ámbitos de competencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido coptada por el gobierno, desde la desaseada designación de la presidenta Rosario Piedra Ibarra.
En cambio existen suficientes elementos para reconocer el trabajo de órganios como el INEGI o el Coneval. Gracias a la existencia de los de competencia y telecomunicaciones se ha logrado controlar y hasta reducir las tarifas de telefonía y contar con más opciones. Hay avances, a veces tímidos en materia de transparencia y derecho a la información, por ejemplo casos como los quebrantos de la Estafa Maestra o el de Segalmex han tenido soporte en las informaciones entregadas por el INAI, hoy la protección de datos personales es una realidad y eso no es poca cosa.
En su afán de desaparecerlos el presidente quiere hacer creer que forman un gobierno paralelo, al contrario, le dan participación al ciudadano, ponen un freno a los monopolios y sus consecuencias.
También México debe tener varios órganos con autonomía constitucional para cumplir con acuerdos internacionales como el TMEC, que exige instancias con autonomía de los gobiernos en diferentes áreas.
En medio de la controversia destaca la complicidad de los senadores de Morena, Verde y PT que han sido omisos y sumisos en el cumplimiento de sus responsabilidades en la designación de los comisionados para complacer al presidente, quien no cesa en el afán de destruir los órganos autónomos lo que, sin duda sería una regresión autoritaria.