La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que sea el ministro Javier Laynez quien resuelva la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal.
María Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó que Laynez se excuse de continuar a cargo de la acción 214/2023, promovida por senadores de oposición para invalidar la reforma legal que elimina fideicomisos judiciales que suman 15 mil 800 millones de pesos.
La petición será turnada al pleno de la Corte para que defina lo que en derecho corresponda y correr traslado a las ministras y ministros para su conocimiento para voten por la aprobación o negativa.
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La acción de inconstitucionalidad 214/2023 fue presentada por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN); Revolución Institucional (PRI), así como de la Revolución Democrática (PRD) contra la eliminación de los fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos aprobada por senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); del Partido del Trabajo (PT), así como Verde Ecologista de México (PT).
Laynez no ha admitido a trámite la acción, pero se espera que lo haga los próximos días, si antes no se resuelve la impugnación. En el caso de los fideicomisos, la estrategia del Ejecutivo parece ser, por una parte, retrasar el trámite de esta acción, que puede llevar a la invalidez total de la reforma a la Ley Orgánica del PJF.
También se pretende presionar a la Corte para que revoque las suspensiones que varios jueces federales ya han concedido para detener la extinción de los fideicomisos, en amparos promovidos por personal judicial.
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Hasta ahora, se han concedido al menos siete suspensiones, pero solo una es definitiva y abarca sólo cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no los seis de la Corte, mientras que, en los demás amparos, los jueces resolverán la próxima semana las suspensiones definitivas.
Ríos, quien este miércoles fue nominada por el Ejecutivo para convertirse en ministra de la Corte, también ha solicitado la atracción de estos amparos, pero la presidenta Norma Piña ya aclaró que el máximo tribunal solo puede atraer recursos contra las resoluciones que los jueces vayan dictando, más no está facultada para hacerse cargo del trámite de los procesos.