Cuando en 1985 la ciudad de México sufrió un terrible terremoto con miles de muertos y una destrucción generalizada con mil edificios por los suelos, alguien se le acercó al presidente Miguel de la Madrid y le dijo: es el momento de no pagar la deuda: Debemos presentarnos ante la comunidad financiera como un país afligido y en una disyuntiva: o reconstruimos o pagamos.
Obviamente esa no fue la solución. La deuda refinanciada sirvió hasta para reconstruir. Eran otros tiempos.
Hoy el presidente de la República ha planteado contra el poder judicial otra disyuntiva, ésta sin escape posible: los fideicomisos extintos del Poder Judicial y actualmente intocables por mandato de juez podrían derivarse a la reconstrucción acapulqueña. Pues sí; muchas otras cosas también.
Si la ruta jurídica del destino de los fideicomisos termina finalmente en el regazo de la Suprema Corte de Justicia y los fondos le son restituidos, una negativa a entregarlos –donarlos, derivarlos, destinarlos o como sea–, a la reconstrucción del puerto, definiría y exhibiría a los togados como el presidente quiere: insensibles, aristocráticos, clasistas, aspiracionistas, fifíes, privilegiados, conservadores.
Y si los entrega, merced a quien sabe cuál reacomodo administrativo de fondos destinados a fines específicos (eso es un fideicomiso), entonces el presente habría logrado su objetivo: anular la independencia del Poder Judicial como un poder soberano de la Unión.
Y el siguiente paso será nombrar a los jueves por elección directa y universal, como cual la justicia dejará de ser ciega (o aspirara serlo); será una justicia cuyos ojos mirarán siempre hacia Morena o el partido por el cual se postulen los aspirantes a conformar y así con todos los demás tribunales. La natural fidelidad de los diputados a sus partidos, base del sistema de lucha política en el Congreso–, se extenderá hacia los ministros cuyas decisiones no serán suyas sino del líder de su “bancada”.
Así, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, entre otras, serán resueltas por mayoría de partidos. Los tribunales se van a partidizar, hasta en asuntos menores.
La trampa al Poder Judicial ha sido tan ingeniosa y “colmilluda” (marrullera, dirían otros), como para no poderse evadir de ella desde el principio. Por eso la presidenta de la SCJN, Norma Piña ha planteado dialogar en torno de ella. Lo inadmisible no requiere diálogo. Y si se parlamenta, es porque se está resignado a perder algo. Y en este caso, será perderlo todo.
Si dice sí, se entrega. Y si dice no, la linchan.
La espada de la justicia y la pared de la política. ¿Quién gana? La política con la espada en la mano. Y en ese sentido el presidente sabe pelear dentro y fuera del cuadrilátero.
–“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial?, ha dicho.
“…Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones para apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco” …
“Yo pienso, una opinión, es que ese dinero que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15 mil millones vienen a la Tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo…”
De acuerdo con el discurso presidencial, esta conversión de fondos –del privilegio de unos cuantos, a la solidaridad con la gente–, le daría al Poder Judicial la dorada oportunidad, por primera vez en su historia, de hacer algo por el pueblo.
La trampa es perfecta. Impecable. Alguien diría, genial.
CAMPECHE
La trifulca en el Congreso de Campeche tiene en el fondo la misma raíz de los pleitos entre diputados de Nuevo León y la Ciudad de México: la lucha electoral. Y en la tierra de Layda, agravada por la ausencia del Ejecutivo.
Rafael Cardona