La Audiencia de Barcelona envió a juicio al exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves por un delito de agresión sexual, acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre.
En un auto, la sección 21ª de la Audiencia confirma el procesamiento del ex internacional brasileño, al concluir que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual.
Con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, último trámite antes de fijar la fecha del juicio.
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La titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona procesó a Alves en julio, en una resolución en la que ratificó su situación de prisión preventiva en la que se encuentra tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra acusado de violar a la joven de 23 años en el reservado de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre, y le impuso una fianza de 150 mil euros para cubrir una eventual indemnización a la víctima.
La defensa de Alves, que desde octubre pasado ejerce Inés Guardiola, pidió la nulidad de la causa al considerar que las filtraciones sobre la investigación habían vulnerado su presunción de inocencia, que se habían obviado de forma «interesada y torticera» los elementos que ponían en duda la denuncia de la víctima y que la juez había perdido la «neutralidad» debido al «juicio paralelo» al exfutbolista en los medios de comunicación.
«Cuando la difusión mediática lo es a gran escala, la contaminación de la investigación judicial se vuelve irremediable e irreversible, siendo la vulneración de los derechos fundamentales que asisten al investigado insubsanable», apuntaba el recurso de la defensa de Alves.
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La Audiencia de Barcelona reconoce que las causas que afectan a «personajes públicos» tienen una «indudable repercusión mediática» y que en los medios se pueden verter opiniones que atenten contra la presunción de inocencia «en su vertiente extraprocesal», si bien concluye que ello no afecta al proceso judicial y precisa que la vía para resolverlo sería el ámbito de protección del derecho al honor.
En su auto, la Audiencia lamenta las filtraciones y los «juicios paralelos«, pero insiste en que ello no puede comportar la nulidad de la instrucción, ya que no tienen una «incidencia directa» en el proceso judicial.
También sostiene que la defensa, pese a sus críticas a la instructora, no ha pedido su recusación ni ha aportado pruebas de que su supuesta imparcialidad se plasmara en el proceso, sino al contrario, ya que recuerda que la magistrada aceptó todas las diligencias que solicitó esta parte durante la investigación.
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Sobre la petición de la defensa de anular el reconocimiento a la víctima, efectuado el pasado 11 de julio, al no poder intervenir el perito que designaron, la Audiencia lo remite a las cuestiones previas al inicio del juicio oral. EFE.