La Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representante del Consejo de la Judicatura Federal, Gisela Morales González, rechazó que los fondos y fideicomisos del Poder Judicial sean ilegales y que sirvan para acumular recursos provenientes de subejercicios para satisfacer privilegios de sus altos mandos.
Al acudir este martes a la Cámara de Diputados para defender su propuesta de Presupuesto 2024, aclaró al diputado Ignacio Mier, quien propuso eliminar los fideicomisos, que en el Poder Judicial no hay subejercicios sino remanentes generados a partir de ahorros y economías, a partir del uso racional del gasto.
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“Pues no, no transferimos subejercicios a los fideicomisos, las disponibilidades al cierre del ejercicio las reintegramos a la Tesorería de la Federación. En lo que va de este año, nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y ustedes lo pueden ver en los informes trimestrales de finanzas públicas, poco más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ahorros y las economías que hemos generado en 2022, entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, reportaron dos mil 895.7 millones, eso fue lo que se reintegró a la Tesorería de la Federación”.
La funcionaria de la Suprema Corte sostuvo que los fideicomisos son instrumentos financieros utilizados para cubrir las obligaciones en materia de pensiones con los trabajadores. Gisela Morales negó también las versiones de que los fideicomisos y fondos del Poder Judicial hayan sido considerados como ilegales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no hay nada ilegal.
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“En 2018, efectivamente, la Auditoría Superior revisó fideicomisos y sí es importante decir que, en ninguna parte de esos informes, ustedes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior relativa a la ilegalidad en la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos. Lo que ellos emitieron fueron recomendaciones, que pueden representar faltas administrativas”.
El presupuesto del Poder Judicial está apegado al marco legal, y cada peso está orientado a garantizar el derecho de acceso a la justicia; el Poder Judicial ha solicitado 84 mil 792 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4%, equivalente a dos mil 609 millones de pesos.
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Este martes, acudieron también a la Cámara de Diputados representantes de diversas instancias de justicia como Tribunales, la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros organismos, quienes defendieron sus propuestas de gasto para el año próximo.