Carlos Urdiales
Sobre la marcha
En la estrategia para instaurar un régimen 4T, el presidente López Obrador no engaña; carga el peso del Estado en el poder Ejecutivo que él encabeza para por gravedad política y presupuestaria, modular al Legislativo como su operador y contener al Judicial como árbitro constitucional.
Debajo de la narrativa “el pueblo manda” -y no se equivoca-, AMLO construyó estaciones de política-democrática que aleccionaron al colectivo para asumir que, lo mejor, es concentrar el poder en el personaje y su partido político, moralmente superiores.
De la revocación de mandato a elegir a jueces y magistrados pasando por ganar mayoría absoluta en el Congreso Federal, el fin explica la embestida en contra del Poder Judicial y otras andanadas.
En esa táctica nada importa y poco trasciende el hecho de que, si como es probable que ocurra, el brazo legislativo de Morena desaparece los 13 fideicomisos activos en la caja del Judicial, a los ministros de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, no les van a quitar un solo centavo de su robusta dieta, ni una pluma a esos gallos y gallinas.
La criba pegará entre los más de 45 mil empleados, de todos niveles de esa ala gubernamental, golpeará la capacidad presente y futura de mejorar y consolidar carreras judiciales, minará el atractivo vocacional de miles de abogados.
Al grito de austeros, pero parejos, la autonomía de juzgadores, así como la calidad profesional del conjunto se verán comprometidas. Por su parte, los machuchones de toga continuarán en tan aborrecida calidad, nada les quita la extinción de fideicomisos.
Pero lo importante para efectos políticos no es la realidad sino la percepción. La narrativa popular la tienen a su favor el presidente López Obrador y sus operadores legislativos.
El Poder Judicial no litiga en medios, no tiene mañaneras, no da becas ni subsidios, no renuncia a la pompa del poder público como lo hizo ya saben quien. Así, la lucha está sentenciada.
Finalmente, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, accede a ir y explicar lo intrínsecamente estéril de esta ofensiva política y presupuestal.
Bien sabe la jueza que viene otra batalla, la del presupuesto 2024. Dar la cara ahora e integrarse de pleno al debate parece una decisión tardía.
La racionalidad de la ministra Piña expuesta ante grupos legislativos, que al más pequeño incentivo se transforman en hordas que corean consignas de cuestionable prosa, pero de rima abyecta sin el menor rubor, puede lastimar, eso sí, la investidura, la etiqueta republicana tan devaluada en aras de instaurar, implantar y someter.
La narrativa, la dialéctica es la herramienta más poderosa de este gobierno. Los hechos frente al poder de los dichos. Machacar a los machuchones de toga, de cuello blanco o del saber nacional, rinde los frutos, esperados sí, pero riesgosos también.