La Guardia Nacional, Fuerzas Armadas mexicanas y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias, denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, lamentó el grupo.
En conferencia de prensa, el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU presentó un informe preliminar sobre privación arbitraria de libertad en el País en el que señaló abusos y tortura por parte de autoridades.
“Hemos encontrado durante nuestra visita que un número considerable de detenidos sufre violencia excesiva en su detención con el propósito de obtener confesiones. A veces, de acuerdo a los reportes recabados, se obliga a los detenidos a dar información sobre otros presuntos sospechosos o sobre posibles pruebas utilizándose malos tratos o inclusive tortura”, detalló el Comité.
En este sentido, señaló que las agencias estatales y municipales “carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, dijeron los expertos.
Entre otros puntos, el grupo de expertos lamentó que en México persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, a pesar de la jurisprudencia del Grupo de Trabajo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”, demandó el grupo.
El comité observó además debilidades en los sistemas de registro de las detenciones, con interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia, acceso insuficiente a asistencia legal efectiva y períodos excesivamente largos de prisión preventiva.
Finalmente, manifestó preocupación ante la detención de personas en movilidad. “México debe garantizar que la detención de migrantes sea el último recurso, por el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal”, consideró el grupo.