La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, anunció que el Poder Judicial de la Federación (PFJ) solicitará un incremento de presupuesto para el próximo año del 4% respecto al gasto aprobado en 2023, a fin de cumplir con sus obligaciones constitucionales y garantizar el acceso a la justicia; además, condenó los recortes hechos a las instituciones que afectan los contrapesos de poderes.
“La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes (…) El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, dijo la ministra Piña Hernández en sesión conjunta del máximo tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.
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El presupuesto del Poder Judicial de este año fue de 78 mil 544 millones de pesos y, con el aumento del 4%, para el siguiente año sería de 81 mil 686 millones de pesos, si la cámara de Diputados aprueba la propuesta enviada.
De acuerdo con la ministra, el aumento solicitado fue votado por unanimidad por los tres órganos superiores del PJF y tan sólo representaría un gasto para cada mexicano de un peso con 80 centavos diarios. Asimismo, recordó que el próximo año se celebran elecciones federales para renovar más de 20 mil puestos de votación popular, incluido la presidencia de la República.
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“Ello (las elecciones) exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral, sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente”, señaló la ministra.
El pasado 15 de agosto, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de diputados de Morena, comunicó que su partido propondrá un recorte de hasta 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial para 2024, ya que consideró excesivo el gasto que tienen los órganos jurisdiccionales.