La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina, declaró inconstitucional el proceso de edición y reparto de los nuevos libros de texto propuestos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en consecuencia, ordena al Gobierno utilizar los libros correspondientes al pasado ciclo escolar 2022-2023.
El fallo judicial se produjo en respuesta a un amparo presentado en abril por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que alegó que la SEP no se ajustó a los requisitos legales para la generación de los nuevos libros y programas de estudio. La jueza Medina otorgó la razón a la UNPF al considerar que el proceso llevado a cabo por la SEP fue ilegal.
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La decisión judicial no ha estado exenta de críticas y planteamientos diversos. Por un lado, se argumenta que esta medida podría obstaculizar los avances en el sistema educativo y la mejora continua de los materiales didácticos. Por otro lado, sus defensores aplauden el hecho de que la decisión promueva una mayor transparencia y participación en la elaboración de los materiales educativos.
La SEP, por su parte, tiene la posibilidad de impugnar la orden en los próximos diez días hábiles ante un tribunal colegiado de circuito. Mientras la decisión no sea confirmada, en definitiva, la SEP no estará obligada a acatarla. Esto plantea un escenario en el que la sentencia difícilmente podrá ser aplicada en el ciclo escolar que está por comenzar, ya que estará avanzado cuando el tribunal revisor dicte la sentencia final del amparo.
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Cabe destacar que la jueza Medina ya había concedido una suspensión definitiva el pasado 25 de mayo, en la cual ordenaba que la elaboración de los nuevos libros se sometiera a consulta de todas las secretarías de educación estatales, que se publicaran los programas de estudio en los que se utilizarían y que se capacitaran a todos los maestros del país para su uso, entre otros requisitos.
La controversia en torno a los nuevos libros de texto también se ha extendido a nivel estatal, ya que los estados de Chihuahua y Coahuila presentaron controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este contexto, el ministro Luis María Aguilar otorgó una suspensión el pasado 11 de agosto para evitar la distribución de los nuevos libros mientras se resuelve el litigio.