«Estoy aquí hoy para entregarme a una acusación que nunca debería haber sido presentada. Representa un cruce del Rubicón para nuestro país, implicando el derecho fundamental de la Primera Enmienda de pedir al Gobierno la reparación de agravios», afirmó Eastman en un comunicado.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, imputó la semana pasada a Trump y a otras 18 personas cargos de crimen organizado, acusándolos de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, y les dio de plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente en la cárcel de Rice Street.
John Eastman, abogado acusado de ayudar a orquestar el esquema de falsos electores de Trump, acordó una fianza de $ 100,000 por cargos que incluyen crimen organizado, conspiración criminal y presentación de documentos falsos.
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Bajo los términos de su orden, Eastman «se presentará a la supervisión previa al juicio cada 30 días» y «no realizará ningún acto para intimidar a cualquier persona que sepa que es un coacusado o testigo en este caso o para obstruir de otro modo la administración de justicia.»
La orden también establece que Eastman «no se comunicará en modo alguno, directa o indirectamente, sobre los hechos de este caso con ninguna persona de la que sepa que es coacusado» o testigo «en este caso, salvo a través de su abogado», condiciones que también aceptó Trump.
Se alega que Eastman ayudó a idear y llevar a cabo un esquema para que los electores presidenciales «alternativos» emitieran sus votos a favor de Trump en Georgia y varios otros estados que ganó Joe Biden.
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El abogado de Eastman, Harvey Silverglate, declaró la semana pasada que los cargos contra su cliente y los otros 18 acusados «exponen una actividad que es política, pero no delictiva», y que Eastman no debería haber sido acusado.
Otro de los arquitectos de la trama de los electores citado como acusado, el abogado Kenneth Chesebro, llegó a un acuerdo similar, aceptando una fianza de 100.000 dólares. Ray Smith, otro abogado de Trump supuestamente implicado en la trama de los electores, aceptó una fianza de 50.000 dólares, según consta en los expedientes judiciales.