El Gobierno federal denunció los casos de corrupción, pago de “moches” y fraudes en pensiones por más de 88 mil millones de pesos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde están involucrados altos exfuncionarios, políticos y particulares, entre ellos el exdirector Miguel Ángel Yunes.

 

“Fue el 2007 cuando los propios directivos del ISSSTE comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer empresas que mediante actos de corrupción se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud, de esa cantidad más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE”, reveló la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

 

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional donde se presentó el plan para rescatar al instituto, la funcionaria dijo que “lo más indignante era que los dueños de las empresas eran funcionarios, políticos y prestanombres”.

 

Además del negocio redondo de las empresas, había mala administración de las farmacias, robo hormiga de medicamentos, abandono de las unidades médicas que tenían más de 20 años sin mantenimiento; desmantelamiento de la plantilla de médicos y enfermeras, e intencionalmente se dejó de contratar personal especializado, que llegó a representar escasez de 36 mil trabajadores, explicó.

 

A pregunta expresa sobre algunos nombres de extitulares del instituto involucrados en estas irregularidades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó al veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, quien tiene dos denuncias penales en su contra.

 

 

El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, detectó un esquema de saqueo y defraudación del ISSSTE por 15 mil millones de pesos, mediante el pago de pensiones más altas, que afectó su patrimonio durante 12 años donde están involucrados extrabajadores coludidos con «coyotes”, particulares y juntas de conciliación.

 

Expuso que en coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró judicializar a 22 personas, de ellas ocho han sido vinculadas a proceso. Ejemplificó el caso de Erasmo “N”, quien demandó dos veces al ISSSTE y obtuvo dos sentencias diferentes, en una por un millón 700 mil pesos y otra casi dos millones de pesos.

 

El procurador indicó que actualmente se han presentado un total de 31 denuncias ante la FGR que se tramitan en 25 carpetas de investigación, por los delitos de asociación delictuosa, falsedad en declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de servicio público.

 

En tanto, el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella reveló una red fraudulenta al interior del instituto en el pago de pensiones irregulares a cinco extrabajadores que rebasan los 237 mil pesos y fueron otorgadas en los años 2000, 1995, 1999 y 2005.

 

“Las pensiones irregulares con sentencias en tribunales. Son exfuncionarios públicos o titulares”, aseguró al revelar las cantidades irregulares que rebasaron la cantidad máxima para otorgar una pensión que es de 31 mil pesos.

 

El funcionario federal expuso las investigaciones.

 

Las pensiones son de 273,876.30 pesos, que inició el 16 de mayo de 2002; 236,881.20 pesos, 1 de enero de 1995; 186,280.50 pesos, 1 de enero de 2000; 158,787.30 pesos, 16 de septiembre de 1999, y de 129,121.80 pesos, 16 de noviembre de 2005.

 

Por su parte, Almendra Ortiz, del área financiera del ISSSTE, mencionó que se abatió el pasivo de 20 mil millones de pesos que había en 2018 cuando entró la actual administración federal, por lo que hoy no se debe nada, y cerró el año 2022 con cero por ciento en el subejercicio.

 

Agregó que se obtuvieron ingresos adicionales de 1,500 millones de pesos de recuperación de deuda de las entidades federativas, y estimó que esta cuenta irá incrementando en los próximos años. Además de obtener 901 millones de pesos por la venta de la tienda del ISSSTE de Vértiz.