«Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se iniciará trámite que llevaría a la suspensión y pérdida de los contratos de estas empresas con el Estado”, dijo la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Zamora.
El caso Odebrecht resurgió en Colombia después que se reactivara en Estados Unidos, donde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al conglomerado bancario Grupo Aval «de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)».
Tras esto el presidente, Gustavo Petro, culpó a la Fiscalía de dejar escapar a Brasil a los culpables de la corrupción de esta compañía, involucrada en Colombia en un caso de irregularidades para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, que une el centro del país con el Caribe.
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El Gobierno colombiano pidió entonces ayuda a la Justicia de Brasil y Estados Unidos para seguir con el caso. Zamora indicó que la legislación colombiana permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras pueda ser consideradas como tales en la Justicia de Colombia.
«En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.
Por último, la directora de la entidad agregó que están tramitando la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond por acciones que afectaron los recursos del Estado en el marco del conglomerado económico del Grupo Aval y Corficolombiana.
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Ese conglomerado, cuyo propietario es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II.
Por esa razón el Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares (36,8 millones de euros) para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de «enjuiciamiento diferido» por lo cual pagará 20 millones de dólares.
La Fiscalía anunció que imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol II.
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Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI «intervinieron en la suscripción de seis otrosíes (adendas) de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista». Estos otrosíes habrían generado un «impacto negativo», por el no cobro de multas, descuentos y otras irregularidades, por valor de más de 160.000 millones de pesos (unos 35,5 millones de euros al cambio de hoy).
Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista, entre otros.