La titular de la Consejería Jurídica del estado de Chihuahua, Yadira Anette Gramer Quiñonez, encabezó la presentación de este recurso, argumentando supuestas violaciones a los procedimientos establecidos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos.
Según Gramer Quiñonez, estas presuntas irregularidades podrían afectar la obligación constitucional del gobierno estatal de garantizar una educación pública y de calidad para los habitantes de la entidad.
Entre las instancias señaladas como responsables de estas posibles violaciones se encuentran la Secretaría de Educación Pública (SEP), la subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Materiales Educativos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
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La controversia constitucional planteada por el gobierno de Chihuahua ha generado un intenso debate sobre la autonomía de los estados en el ámbito educativo y la relación entre las autoridades estatales y federales en la elaboración y distribución de materiales educativos.
La presentación de este recurso ha dado lugar a un escenario en el que se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si admite a trámite o no la controversia y, en última instancia, se pronuncie sobre la validez de los argumentos planteados por el gobierno estatal.
En los próximos días, la SCJN deberá tomar una decisión que podría tener implicaciones significativas para el sistema educativo del país; y el papel de las autoridades estatales en la toma de decisiones sobre la educación de sus ciudadanos.
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La resolución de esta controversia promete arrojar luz sobre los límites y responsabilidades de las autoridades educativas a nivel federal y estatal.