El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que se abrió una segunda causa contra la cantante colombiana Shakira, a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. La intérprete será juzgada en noviembre por una causa anterior en la Audiencia de Barcelona por presuntamente haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. 

«El juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat tiene abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por Fiscalía contra la cantante Shakira por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018«, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado. La corte dijo no tener información sobre cuánto dinero habría sido defraudado en este segundo caso. 

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La artista respondió a través de una compañía de relaciones públicas, que asegura que Shakira siempre ha «actuado conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”. El comunicado añade que la cantante, que vive en Miami tras separarse del exfutbolista Gerard Piqué, no ha recibido una notificación por el segundo caso, pero «está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales”. 

La nueva causa complica el escenario penal para la intérprete, quien ya devolvió los 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria más otros tres millones de intereses, pero rechazó un acuerdo para rebajarle la pena a cambio de aceptar los hechos que se le imputaban. La cantante siempre ha defendido su inocencia y asegura que debido a su profesión mantenía por entonces un estilo de vida en continuo movimiento y no residía oficialmente en España. 

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La Fiscalía, en cambio, sostiene que Shakira residía entre 2012 y 2014 más de la mitad del año en España y por tanto debió haber pagado impuestos en el país, pese a que su residencia oficial fuera Bahamas. En 2018, el ejercicio fiscal que motivó la nueva querella, la artista colombiana ya había fijado su residencia en España, y la Agencia Tributaria detectó otras irregularidades en su liquidación de impuestos. 

Por la primera causa, la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel, así como una multa de 23,8 millones de euros, por seis delitos de fraude fiscal y eludir supuestamente el pago de impuestos a la Hacienda española.