Las gangas en los bienes raíces también pagan impuestos, o por lo menos los deben de pagar. Las leyes antilavado y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, son instancias indispensables para evitar que quienes consiguen tratos ventajosos eviten al fisco o aumenten sus ganancias.
Además del evidente conflicto de interés, en el caso de la adquisición de un departamento en un edificio de Bosque Real en Huixquilucan, Estado de México por el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien habría pagado 9 millones de pesos por una propiedad que llega a cotizarse hasta en 30 millones de pesos hay que tomar en cuenta los impuestos que deben pagarse por los gananciales en una operación de esta naturaleza.
En términos generales en el país, la ley antilavado establece que cuando compras una propiedad a un precio por debajo de su valor en el mercado quien ganó con el trato debe pagar el impuesto sobre la renta de dicho ganancial.
El notario encargado de la escrituración debe solicitar un avalúo con efecto fiscal para establecer el valor real del inmueble, en el Estado de México no se exige el avalúo con fines fiscales, sin embargo, sí debe solicitar la boleta predial, en caso de que se evidencie una diferencia importante entre el valor catastral y el de mercado, como se habla de más de 20 millones de pesos, el notario debió notificar que había una operación vulnerable.
En la investigación del equipo de periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no se informa quien fue el notario que dio fe de la negociación.
Solo como referencia en la Ciudad de México el fedatario debe calcular el ISR a pagar y enterarlo a la Secretaría de Hacienda, porque él es quien se encarga de la retención correspondiente.
Como el bien está en el Estado de México, que tiene una normatividad diferente, el notario SÍ tiene una responsabilidad de hacer del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque se trata de una operación vulnerable. Por el simple hecho de los 9 millones de pesos la UIF tendría que investigar la procedencia del dinero. En mucho ayudaría cotejar la boleta predial previa y posterior a la compra-venta.
Por cierto, en el Edomex ¿Cómo se aplica la ley antilavado? Como no exige el avalúo fiscal ¿cómo identifica el lavado de dinero?
Si el Secretario de la Defensa hubiese solicitado un crédito, el banco, incluido Banjército, debe exigir un avalúo como garantía de que con el valor del inmueble se podría liquidar el adeudo, en este caso tendría la ventaja de que el valor de mercado es muy superior a lo que estaría prestando, con lo cual el dinero del banco está asegurado, pero de cualquier forma debe informar a las autoridades hacendarias que se trata de un caso de riesgo.
Si hubo efectivo de por medio, hay que indicar que el tope que se permite es de unos 830 mil pesos, otra vez, por las leyes antilavado.
Esta operación tiene especial interés para los habitantes del condominio, porque automáticamente les complica vender sus propiedades ya que una negociación de este tipo devalúa las demás propiedades.
Para el caso del departamento del General, la investigación revela con claridad la existencia de conflicto de interés, más allá de que sea una oferta irresistible, la vendedora del inmueble es socia de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, un caso muy semejante a los de las viviendas ocupadas por el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, quien en Houston vivió en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, que tiene contratos con Pemex y después en Coyoacán, donde habitó la casa propiedad de la asistente de la directora del periódico La Jornada, uno de los medios con jugosos contratos con la presidencia de la república.