Por lo anterior, el requisito de los siete parlamentos podría no cumplirse, dijo, pues hay incertidumbre sobre la fecha para la realización del tercer parlamento.
“Sabemos que hay muchas presiones porque ya se dictamine pronto, inclusive pasando por encima del acuerdo del Congreso”, dijo.
“Ellos hicieron el compromiso público de los siete parlamentos y creo que eso se les agradece pero creo que sí ha habido presiones para que ya la dictaminen y ha habido una cierta sensibilidad, pero vamos a ver, yo la verdad tampoco diría que ya es un hecho que no van a dejarse llevar por estas presiones”, añadió.
De acuerdo con fuentes al interior de la Comisión de Ciencia, es la diputada morenista María Eugenia Hernández la que apresura la discusión de la iniciativa por instrucciones de Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, y la posibilidad de que se dictamine la próxima semana, aún sin haber concluido los parlamentos abiertos, es cada vez más latente.
“Nosotros estamos solicitando que en efecto se lleven a cabo los siete parlamentos, que además yo creo que lo que han demostrado es que necesitamos más discusión sobre la Ley y no éste consenso que nos quiere vender (….) y también que sean vinculantes, que lo que se ahí se diga se incorpore realmente en el proyecto de Ley ”, sostuvo.
Además de incluir lo dicho en los parlamentos abiertos, la comunidad científica pide que se tomen en cuenta las cinco iniciativas de Ley de Ciencias que se han presentado en San Lázaro y no únicamente la de López Obrador.
La aprobación de la Ley del mandatario no es asunto menor, pues la investigadora advirtió que pone en riesgo el desarrollo de la ciencia al ceñirla a una agenda centralizada, pues el proyecto contempla que la ciencia “atienda y afronte las necesidades, problemáticas y retos de la sociedad mexicana”.
Maldonado mencionó que ha analizado las leyes de ciencia de otros países y el proyecto que plantea el Ejecutivo no garantiza un sistema funcional y moderno y no lo dota del presupuesto suficiente, pues elimina la obligatoriedad de que se destine el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la ciencia.
“No nos va a llevar realmente a ningún lado este planteamiento por cómo está pensando las decisiones centralizadas, por cómo está pensando el financiamiento, por cómo está pensando el papel de los centros públicos, por querer imponer una agenda de investigación”, indicó.
Si el albazo prospera, la investigadora prevé un escenario de conflicto, en el que investigadores que laboran en centros privados —que la Ley, dijo, los discrimina al excluirlos de otorgamiento de apoyos– tramiten decenas de amparos y un panorama complicado para las próximas administraciones que tendrán una ley “retrógrada y con tantos problemas”.
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