En conferencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Ángela Buitrago y Carlos Beristain señalaron que hay una parálisis intencional del caso, debido a que el recorrido de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014 era seguido por diversas autoridades federales, estatales y locales, pero al entrar a Iguala se cayó todo tipo de información.

“Un punto clave es hasta dónde podemos saber el destino de los jóvenes, lo que es una línea difícil de expandir por la complicidad que se generó en ese momento”, dijo Carlos Beristain.

Indicó que hubo colusión de miembros de todas las corporaciones e instituciones de seguridad de ámbito municipal, estatal y federal con la delincuencia organizada en Iguala y de ciudades cercanas.

Además, revelaron un documento de la Secretaría de la Defensa que da cuenta de parte de conversaciones del día 26 de septiembre entre personas que decían que tenían a los muchachos y el 4 de octubre de parte de diálogos, entre quienes identifican como un miembro de Guerreros Unidos y un policía, sobre posible destino de los normalistas.

Ninguna acción en ese momento se dio para proteger o rescatar a los jóvenes o buscarlos a pesar de ello.

Ante dicha evidencia, la respuesta de Sedena ha sido que no existe esa información, que no se realizan interceptaciones telefónicas ni monitoreos, que desconoce los autores de dichas transcripciones y reportes.

Sin embargo, el GIEI aseguró que tienen 20 documentos similares con información que podría llevar al paradero de los normalistas.

El GIEI ha puesto en conocimiento de la Fiscalia General de la República (FGR) dichas respuestas para que se investigue a los responsables de dichas comunicaciones que ocultan la verdad y que muestran una respuesta negativa a las órdenes del propio Presidente de México de que se debe proporcionar toda la información.

Además, se informó que fueron tres las personas infiltradas en la Normal que estuvieron en Iguala el día de los hechos, en diferentes sitios del municipio.

Los miembros del GIEI pidieron al Gobierno federal acelerar las órdenes de aprehensión pendientes a altos funcionarios de diversas instituciones federales, debido a que están identificadas y aún no se ejecutan.